En barrios de Guayaquil ven necesario sitios de rehabilitación

“A él ya no le hacen las pastillas ni los sueros que le dan (en centros de salud). Está bien dos semanas y luego (tras la desintoxicación) se escapa, él busca la forma, y se va a consumir esa droga H (mezcla de heroína con otras sustancias tóxicas)”, cuenta Raquel, de 58 años, quien el lunes último no sabía a dónde acudir tras la clausura, el viernes 7, de un sitio que funcionaba en una casa como centro de rehabilitación de adicciones en Pascuales, parroquia de Guayaquil, en el noroeste.

Ese lunes al lugar ya habían regresado jóvenes, quienes, según vecinos y familiares, pidieron volver para no recaer.

“Son necesarios estos centros para que se puedan recuperar”. “Ellos mismos nos dicen: a dónde nos vamos, a la calle, otra vez a drogarnos, a robar”. “Se quiere que se ayude en todo esto para tener nosotros una ayuda y que ellos (clínicas o centros particulares) sigan ayudando”, repetían mujeres, como María Mosquera, quien tenía en aquel centro a un nieto y a un sobrino, menores de 24 años.

En Pascuales, en Flor de Bastión, en Bastión Popular, en la isla Trinitaria, en el Cisne II, en los Guasmos, en la zona conocida como Batallón del Suburbio y en otros sectores las historias de quienes desean dejar las drogas se multiplican.

Padres, abuelos, tíos, hermanos y amigos buscan un lugar para internar a sus parientes, ya que creen que es la única forma de poderlos alejar de las drogas, que, dicen, consiguen a bajo costo (desde $ 0,25) y con facilidad en barrios, en fiestas, en planteles educativos...

Entre cinco y quince personas, en promedio, llegan a diario a buscar ayuda a centros o sitios de rehabilitación de adicciones, sobre todo en sectores populares, indican propietarios consultados por este Diario. Unos tienen permisos y otros están en trámite, sostienen.

Adicional están los que operan en la clandestinidad y los que fueron clausurados en los últimos meses por las autoridades de salud del Guayas.

“Qué nos hacemos si los cierran. Al mío no le hacen nada los sueros y las pastillas. Ya ha recaído dos veces y solo ha salido internándolo. Y ahorita hay hartos muchachos, de 8 y 9 años en adelante; hermanos y los mismos padres con los hijos los que están perdidos con estas drogas y que necesitan ayuda”, menciona Glenda Hernández, habitante de la isla Trinitaria.

Ella tiene identificado un centro al que podría recurrir en la isla Trinitaria en caso de que su hijo, de 23 años, recaiga, pues el último en el que estuvo fue clausurado en junio pasado y hasta el martes no reabría.

Aunque muchos no tienen letreros que los identifique como centros o sitios de rehabilitación, usuarios y vecinos conocen dónde funcionan. “Aquí en la Flor hay como 10 clínicas, porque eso de las drogas está fuerte. Vienen del sur y de otras provincias, con unos muchachos flaquitos, que ya se quiebran”, cuenta Víctor, habitante de este sector del noroeste.

En Ecuador, según las autoridades nacionales, hay 10 centros públicos para internamiento o tratamiento residencial de las adicciones (drogas y alcohol), con capacidad para atender a unos 900 pacientes al año. Y, hasta el jueves último, eran 99 los centros privados o particulares, certificados por el Ministerio de Salud. Entre ambos cubrirían a más de 5.000 personas en tratamiento intensivo o de internamiento.

Además están 480 centros públicos de atención ambulatoria, dicen las autoridades, que el jueves último se reunieron con representantes de centros particulares para la conformación de la llamada Red nacional de centros de tratamiento para personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas. Ese día, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, indicó que se estima que alrededor de 250.000 personas en el país podrían tener problemas por consumo de algún tipo de drogas.

En centros particulares, los tratamientos residenciales (internamiento), que por lo general duran seis meses, cuestan entre $ 200 y $ 500 en sectores populares. En otros lugares, los precios superan los $ 1.200 al mes, indican usuarios y dueños consultados por este Diario.

Propietarios dicen que con las mensualidades financian los gastos de los profesionales que atienden en el lugar; los servicios básicos; la alimentación diaria de los pacientes, el alquiler, entre otros. En unos tienen también becas o rebajas.

“Debo tener un plan terapéutico, que de eso se encarga el psicólogo; tener un plan de contingencia; contrato de los profesionales: médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadora social y nutricionista, con eso me dan el permiso de operación”, dice Wilson B. Agrega que al tener a los cinco especialistas tendría que pagarle mínimo unos $ 600 mensual a cada uno, lo que elevaría a unos $ 500 el tratamiento mensual para los pacientes.

“Pero la gente aquí (en Flor de Bastión) no tiene ese presupuesto. Todos los días vienen madres llorando, que tienen un hijo, dos hijos en drogas”, relata. Con él coinciden otros dueños de centros particulares de sectores populares de Guayaquil. Unos piden que las autoridades de Salud les ayude con parte de los profesionales. (I)