Este 24 de mayo, el presidente Rafael Correa dejará el poder y asumirá su compañero de movimiento político, Lenín Moreno. Durante estos diez años de Gobierno han surgido escándalos por supuestas irregularidades en contratos, enriquecimiento ilícito, peculado, corrupción y otros delitos.

Uno de los casos más sonados y que se ha recordado durante esta década es el del exministro de Deportes, Raúl Carrión, a quien el pasado 27 de abril, se le ratificó la sentencia de cinco años de prisión por el delito de peculado. El veredicto lo dio la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a uno de los cuatro juicios sobre los que ya tiene condena por ese agravante.

Su abogado Erwin Carrión indicó: “En el momento en que esta sentencia, reformada en apelación y negada la casación hoy en día, pueden ejercutoriarse y hay el riesgo que él pueda ser detenido”.

Carrión estuvo al frente de esa cartera de Estado desde el 19 de diciembre de 2006 hasta el 2 de diciembre de 2008, cuando renunció. Él fue procesado penalmente por subdividir contratos para la compra de equipos deportivos, implementos médicos y para la construccón de estructura deportiva.

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El 7 de enero de 2009 fue detenido y acusado de lavado de activos, pero tras cuatro meses de prisión, fue sobreseído definitivamente. Tiempo más tarde fue aprehendido en una segunda ocasión donde se lo acusó de peculado, aunque por falta de sentencia, recuperó su libertad.

Después de ocho años tiene cuatro sentencias por peculado en las que en ninguna supera los cinco años ni tampoco se suman. Además, tiene otros tres juicios esperando condena, pero aún no se ejecutan.

Visita de Correa

*Durante el enlace radial el presidente Rafael Correa (23 mayo 2009), habló de su visita a Carrión en el Centro de Detención Provisional y dijo “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario... Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva, que creo es clara, de ciertos colaboradores. Y, bueno, eso tendrá que demostrarlo la investigación”. Ambos se conocieron en el colegio San José, donde ambos estudiaron.

*Fernando Moreno, exasesor del exministro del Deporte y conocido como el “comecheques” por haberse, literalmente, tratado de comer unos cheques que eran parte de la evidencia en su contra, fue sentenciado a inicios del 2017 a nueve años de prisión por el delito de lavado de activos tras haber recibido dinero en comisión a cambio de adjudicar contratos de obras y entrega de implementos deportivos entre el 2006 y 2007.

Filtración de video

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Carrión también es conocido por la filtración de un video del 28 de junio de 2007, en el cual aseguraba que el presidente de la República, Rafael Correa, obedecía sus órdenes.

 

Los alborotos también llegaron a ser familiares...

Una decisión marcó distancia entre los dos hermanos, Rafael y Fabricio. Fue el 21 de julio de 2009 cuando el Gobierno anunció la terminación unilateral de todos los contratos de las empresas de Fabricio Correa con entidades del sector público. Esta polémica surgió luego de que la prensa denunciara el caso que se conoció como ´El Gran Hermano´.

“Lo ordené hace varios días, pero debíamos tomar las precauciones legales, tener todos los informes, esto acarreará juicios y habrá que pelear”, precisó el mandatario, que, a la vez, culpó a la prensa de quererlo vincular con la partidocracia al insinuar de que conocía de los contratos de su hermano.

Para seguir con las investigaciones, una Veeduría Ciudadana fue creada para realizar un seguimiento a los contratos. En agosto del 2009, el perjuicio estimado por la Veeduría bordeaba los $ 300 millones; sin embargo, Pablo Chambers, quien presidió, mencionó -en enero 2010-, que el monto de contratos investigados suman cerca de $ 1.000 millones, y “se presume que la mayor parte de ellos tienen que ver de alguna forma con Fabricio Correa”.

El presidente Rafael Correa, aunque indicó que no respondería al juego político en el que “lastimosamente ha caído su Fabricio”, lo acusó de pertenecer a la oposición.

Este caso fue publicado en un libro escrito por los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, en el que consta una amplía investigación sobre los contratos, lo que motivó a que el presidente Rafael Correa, el 28 de febrero de 2011, presentara una demanda civil en contra de los comunicadores por haberle causado daño moral.

En su respuesta, a manera de contrademanda, los autores pidieron una indemnización de $ 400 mil por ataques y persecución. Y el jefe de Estado solicitó $10 millones. En 2012, el caso fue archivado.

Por otro lado, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, exveedores del caso ´Gran Hermano´ fueron sentenciados a un año de prisión por señalar que el mandatario tenía conocimiento de los contratos, fueron notificados de la negación del recurso de casación que a fines del 2016, presentaron para dejar sin efecto la pena, por lo que se espera su detención policial.

Adquisición de chalecos y GPS, un caso que estuvo bajo la lupa

“Nunca dije que eran los mejores chalecos del mundo, quedaron garantías técnicas por si salían malos”, así contestó a los cuestionamientos sobre la mala calidad de las prendas, Ricardo Antón, quien fue director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) hasta julio de 2011. Esto tras conocerse supuestas irregularidades en la contratación que hizo la ANT para la compra de chalecos para motociclistas, en diciembre del 2010.

Las prendas se compraron por medio de dos contratos que sumaron cerca de $10 millones a Intercontinental de Materiales IMC, empresa filial del grupo EICA, manejada por el Estado. La mala calidad de los chalecos provocó que, en noviembre de 2011, la administración de Mauricio Peña en la ANT suspendiera su uso y acordara con la contratista la devolución de lo invertido “hasta el último centavo”.

Las auditorías que realizó la Contraloría a la contratación de chalecos señalaron un “grave perjuicio” al Estado y revelaron que Ricardo Antón y Yamil Chedraui Adum, exgerente de EICA y considerado hombre de confianza de Antón, firmaron un segundo contrato por 600 mil chalecos (1,2 millones en total) cuando solo se tenía 155 mil motos matriculadas.

Ricardo Antón, en junio de 2012, ofreció una rueda de prensa para aclarar el tema y afirmó que las decisiones fueron tomadas por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), y él se encargó de ejecutar la obra. Además, calificó de “infamia” que los auditores de la Contraloría lo hayan responsabilizado e indicó que “actuaron de mala fe“.

Pero no fue el único caso por el cual estuvo bajo la lupa. También se le siguió el proceso por la denuncia de peculado ante la supuesta adquisición irregular de cerca de 70.000 equipos de rastreo o GPS para buses de transporte. Según la Fiscalía, los equipos cumplieron con las certificaciones contractuales y fueron compatibles con la arquitectura operativa solicitada; por lo que no existió perjuicio al Estado. El caso fue archivado.

La valija llena de sorpresas

A inicios del 2012, la Policía de Italia encontró droga líquida en la valija diplomática procedente de la Cancillería del Ecuador, la misma que se utiliza para el envío de documentos oficiales de las misiones diplomáticas. Pero, la Cancillería autorizó que se usara la valija para que los organizadores de la obra ‘Ruga la tortuga’ mandaran algunos de sus implementos hasta Milán. Es ahí cuando se intentó, a través de los objetos, camuflar la droga líquida. De ahí surge el caso “narcovalija”.

Según las primeras investigaciones, se determinó que antes del hecho, se aprobó un reglamento para el uso de la valija diplomática, el mismo que dejó la puerta abierta al traslado de cualquier objeto bajo la etiqueta de “excepcionalidad”.

La Contraloría realizó una auditoría y evidenció algunas fallas administrativas que hicieron posible el envío de 40 kilos de cocaína. Las cajas que contenían muestras de auspiciantes y material promocional sobre el país era de propiedad del actor ecuatoriano Cristian Loor, director de teatro.

Para esto, el entonces canciller Ricardo Patiño justificó la autorización del uso de la valija para transportar documentos ajenos a la diplomacia, en atención al pedido que hizo Loor, sobre que su obra teatral serviría para publicitar al país. Sin embargo, remarcó que la maleta sí cumplió en Ecuador con todos los procedimientos de revisión antinarcóticos.

El caso surgió el 11 de enero de 2012 y como resultado hubo varias detenciones. Cristian Loor, Jorge Luis Redrobán (los dos se declararon inocentes); Luis Hurtado, Jesús Pazo Toro y el neoyorquino Jean Paul Flores, quienes fueron sentenciados (en Italia en el 2013) a cumplir penas de 8, 6 y 4 años de prisión, respectivamente, y al pago de multas económicas.

Mientras, en Ecuador, el 7 de mayo de 2015, la policía antinarcóticos detuvo a Gerardo M., María L., y Gabriel R., quienes operaban esta banda en coordinación con Italia.

Con estas conclusiones, el presidente Rafael Correa defendió al canciller Ricardo Patiño. “Se ha demostrado que la Cancillería no tuvo absolutamente nada que ver”, lo dijo en una visita a Joya de los Sachas (Orellana). Además, indicó que uno de los problemas para conocer los resultados de las investigaciones fueron las “falencias” del anterior Registro Civil, ya que uno de los supuestos cabecillas de esta banda de crimen organizado figuraba como fallecido.

En marzo de 2013, se sumó otro caso, el del Busto de Alfaro. Se trató del hallazgo que hizo la Policía Antinarcóticos, de restos de clorhidrato de cocaína en una estatuilla que iba a ser trasladada a Canadá en la valija diplomática. El Gobierno de Ecuador lo calificó como una actitud "maliciosa".

Título falso y crédito irregular

Esta vez no fue el hermano, fue el primo. Todo comenzó con una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Ecuador TV, el 19 de diciembre de 2012, en la que Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central (BC) y exrepresentante de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), renunció a sus cargos y pidió disculpas a lo que llamó un acto de inmadurez: entregar un documento sin valor de un título que no poseía.

“Cometí un error. Tomé una decisión que fue una falta que hoy me cuesta muy caro. Entregué un documento sin valor de un título que no ostentaba. Esto lo mantuve en secreto”, dijo.

Un día después de su pronunciamiento, Delgado viajó a Miami en un vuelo de American Airlines para, según dijo, asistir a la boda de su hijo. El 4 de diciembre, el contralor general del Estado, Carlos Pólit, ordenó el inicio de un examen especial a la gestión del primo del mandatario en la Ugedep.

“No se necesita título de economista para ser presidente del Banco Central y Pedro Delgado tiene un título de maestría en Economía Empresarial, título de cuarto nivel al cual había accedido siendo egresado de la Universidad Católica del Ecuador”, así se expresó el presidente Correa en su sabatina del 24 de noviembre, cuando no se conocía de la confesión de su primo.

Después de saber la verdad, Correa dijo: “La prensa fue la culpable de que se haya otorgado mayor confianza de la que se merecía Delgado, porque se dijo que se había comprado una mansión en Miami, lo cual fue falso, luego se lo acusó de tener dos cajas fuertes en Rusia para guardar valores, esto tampoco fue comprobado, así como su viaje a Irán”.

Caso Duzac

Pero este no es el único proceso en contra del primo del mandatario. A la par ya se había hecho público el caso de Gastón Duzac, ciudadano argentino que recibió un crédito de $ 800.000 del banco Cofiec, que era parte de la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), dirigida también por Delgado.

El 4 de octubre de 2012, el entonces superintendente de Bancos, Pedro Solines, remitió un oficio a la Fiscalía General en el que advirtió que se habría cometido un delito penal con “el otorgamiento de créditos sin el cumplimiento de la normativa...”. El fiscal Galo Chiriboga dispuso el inicio de una indagación previa.

En marzo de 2014, en la audiencia de formulación de cargos contra 17 implicados en el caso, la Fiscalía pidió prisión preventiva para cinco, pero solo se aceptó para cuatro: Pedro Delgado, Francisco Endara, Antonio Buñay y Gastón Duzac. Endara fue detenido al intentar viajar a Panamá.

El 10 de abril de 2015 fue condenado a ocho años de reclusión Pedro Delgado y su cuñado Francisco Endara, exsecretario del Fideicomiso AGD-No más Impunidad, por peculado bancario, así lo informó la Fiscalía.

En total, ocho personas fueron declaradas culpables del delito, seis como autoras y dos como encubridoras. Para los últimos, la medida quedó sin efecto por el principio de favorabilidad. También fueron sentenciados a ocho años de cárcel el argentino Duzac, beneficiario del crédito del banco; Antonio Buñay, expresidente del banco Cofiec; Marcelo Ordóñez, exgerente de Finanzas de Cofiec, y Pedro Zapac, expresidente de Seguros Rocafuerte.

Petroecuador y Odebrecht, en la cima del iceberg

Todo surge a raíz de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en abril de 2016 sobre los denominados Panama Papers, información que en el caso ecuatoriano dio origen, hasta el momento, a 24 indagaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador.

En el país, la Fiscalía General del Estado lleva adelante procesos por distintos delitos y contra exdirectivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador y otros involucrados en negocios con la estatal. Las principales investigaciones recaen en Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli (prófugo domiciliado en Estados Unidos).

El 16 de mayo de 2016, Bravo fue el primer detenido en este caso por encontrársele evidencia que lo involucraba a él y varios de sus familiares con empresas offshores, principalmente Girbra S.A., desde las cuales se registraban transferencias a cuentas vinculadas a contratistas de la petrolera ecuatoriana. Bravo era acusado inicialmente de supuesto tráfico de influencias, pero tres meses después la Fiscalía reformuló cargos para investigarlo por enriquecimiento ilícito.

Tres meses después hay un segundo detenido, Javier B., gerente de la contratista Oil Services & Solutions, aunque luego de seis meses, febrero de 2017, quedó en libertad. Después se vinculó también a 18 personas, entre ellas, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo.

El 25 de enero del presente año, las 18 personas investigadas por cohecho fueron llamadas a juicio dentro del caso de corrupción que habría ocurrido en el interior de la empresa pública, entre el 2011 y el 2014. A 13 se los acusó como autores del delito, mientras que cinco fueron señalados como coautores. En el primer grupo están Pareja Yannuzzelli y Bravo. De los trece procesados como autores, cuatro son exfuncionarios petroleros y el resto contratistas de Petroecuador.

Odebrecht, la otra vertiente

Otra ramificación de la corrupción es el caso Odebrecht. Esto se conoció antes de Navidad de 2016. El 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un informe sobre que la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó por sobornos unos $ 439 millones de dólares en doce países, entre esos Ecuador, donde aseguraba que se cancelaron $ 33,5 millones desde 2007 a 2016 para lograr beneficios equivalentes a unos $ 116 millones.

Desde el 22 de abril, Alecksey M., exministro de Electricidad del actual Gobierno, a quien la Fiscalía investiga por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mantiene prisión preventiva por 90 días. En cambio, el empresario Marcelo E. por su edad, tiene arresto domiciliario.

Ambos se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por este caso. En la audiencia se exhibieron pruebas para procesarlos bajo el delito de lavado de activos, una de ellas, fue la asistencia penal solicitada a España. En ese país fue interrogado Rodrigo Tacla, uno de los exabogados de Odebrecht.

Según un comunicado de la Fiscalía, Alecksey M. habría recibido $ 1 millón relacionado con el proyecto Toachi Pilatón, pero días después, en una sabatina, el presidente Rafael Correa calificó esto de “error garrafal”.

Luego, el 30 de abril, la Fiscalía indicó que la afirmación sobre M. fue un 'error involuntario'. Un total de 30 contratos relacionados con la constructora Odebrecht en Ecuador analiza la Fiscalía. Ahora hay que esperar que llegue el 1 de junio cuando Brasil revelará la famosa lista de vinculados a Odebrecht. (I)