“Nos están matando”. Annabel Arévalo, coordinadora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), se refirió de esa manera al contabilizar los 33 casos de femicidio que se han registrado en el país, en los dos meses y ocho días de este año, justo cuando hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La primera víctima del año fue Geoconda Sellán, de 29 años, quien murió al recibir 12 puñaladas de su exconviviente, en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil. La última fue Alicia Navarrete, de 33 años, quien fue asesinada el viernes pasado por su conviviente delante de sus tres hijos, en Daule.

La cifra va en aumento, en relación con el 2016, cuando se registraron 80 casos. Ante ello, los movimientos en defensa de los derechos de la mujer expresaron su preocupación por la violencia hacia las mujeres que han dejado a decenas de niños en la orfandad. En homenaje a esas mujeres asesinadas en manos de sus parejas piden una reevaluación de los procesos de atención y de la justicia.

Arévalo identificó que se necesita, por ejemplo, revisar qué sucede con los procedimientos de investigación con la ley que existe y que considera como buena. Algo sucedería en la ruta de acceso de las mujeres a la justicia que no se cumpliría para prevenir el femicidio, indicó.

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A pesar de que se ha avanzado en leyes por el derecho de las mujeres, mejorado el sistema de justicia y que se cuenta con mayor información sobre los derechos de la mujer, Arévalo sostuvo que aún no se logra cambiar esta estructura patriarcal y machista por prácticas y actuaciones equitativas.

Una medida que ayudará a aplicar la sanción es la inclusión de los autores de estos crímenes en la lista de los más buscados. A esto se habría comprometido la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, hace tres semanas, según Beatriz Bordes, presidenta de la fundación María Guare.

Este ofrecimiento ya lo hizo un funcionario del Ministerio del Interior en octubre, cuando anunció que esa acción arrancaría en el 2017.

Además de la sanción se necesita un seguimiento a los niños huérfanos con ayuda psicológica, de salud, educación y alimentación, refirió Bordes, al indicar que analizan proponer al Gobierno central y local la entrega de una ayuda económica para esos niños, que a veces son divididos entre parientes porque no pueden mantenerlos.

Para Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se debe dar una reparación integral a los niños que en muchos casos han presenciado la crueldad de los crímenes y quedan con traumas.

Tanto él como las voceras de las organizaciones rechazan que aún sea vista como un asunto privado la violencia de género en el ámbito familiar. Ante esta problemática, el movimiento Ni Una Más Ecuador hizo un llamado a los padres a erradicar la violencia en el hogar, y a las mujeres a no callar.

María, de 33 años, reaccionó y denunció a su pareja por intento de femicidio. Él la amenazó con matarla, la intentó asfixiar y en el quinto mes de gestación le provocó la muerte al bebé de una patada, narró la mujer. El hombre está prófugo y ella permanece en una casa de acogida de Hogar de Cristo.

Una de las medidas que ofreció el Ministerio de Justicia y que mujeres como María necesitarían es la implementación de los dispositivos electrónicos a la víctima y el agresor cuando exista la prohibición de acercamiento. Pero los organismos aún desconocen cuándo se aplicará aquello. (I)

Como sociedad tenemos la responsabilidad de desnaturalizar la violencia hacia las mujeres, de cambiar creencias y actitudes relacionadas a lo que significa el rol de la mujer...”Annabel Arévalo, coordinadora del Cepam