Un informe de cinco relatores especiales de la ONU -quienes actúan al nivel de asesoría, independientemente del sistema institucional del organismo- pidieron al gobierno de Rafael Correa revocar su decisión de disolver a la organización ambientalista Acción Ecológica y le dedicaron un llamado de atención por  sus "medidas represivas para asfixiar a la sociedad civil".

Los expertos son parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano independiente del sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que investiga y monitorea situaciones concretas en todo el mundo, bajo las directrices del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Su pronunciamiento se hizo público hoy, 30 de diciembre, a través de un comunicado, luego de que el pasado 19 de diciembre, el Ministerio de Ambiente notificó a Acción Ecológica del proceso de disolución solicitado por el Ministerio del Interior, aduciendo que la agrupación habría incurrido en "actos violentos" al difundir alertas públicas sobre los daños que podría causar la actividad minera en Morona Santiago. En esa provincia hubo enfrentamientos entre indígenas shuar y la policía, que ahora custodia las instalaciones de la minera china EXSA.

Los expertos recordaron que no es la primera vez que Correa tiene una política restrictiva a las libertades de expresión y de asociación. Señalaron, por ejemplo, la disolución de la organización Pachamama y de la Unión Nacional de Educadores, así como las amenazas oficiales en contra de Fundamedios.

"Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial... Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”, indican en el comunicado.

Destacaron que esas políticas provocan "el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”.

Al mismo tiempo, los relatores calificaron como "irónico" que el gobierno de la Revolución Ciudadana intente encabezar a nivel internacional propuestas para que las empresas rindan cuentas, cuando dentro de su propio territorio sus prácticas son opuestas.

Los relatores especiales de la ONU que participaron en el informe son Maina Kiai, relator especial sobre el derecho a la libertad de asociación; David Kaye, relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; John H. Knox, relator especial sobre temas medioambientales, y Victoria Lucia Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En octubre pasado, a propósito de la conferencia Hábitat III, la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos Humanos,  Kate Gilmore, también manifestó su preocupación por las contradicciones del gobierno de Correa en el tema de protección de derechos. (I)