“Hoy le pongo nombre y apellido, porque mi cuerpo se respeta, @Orlando PerezEC!”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, el 12 de diciembre, Gloria Ordóñez, de 23 años. Y lo acompañó con una imagen, en la que se veían golpes y moretones en su cuerpo, parte de la denuncia que puso (el 5 de diciembre último) por violencia de género y una foto de quien sería el supuesto agresor: Orlando Pérez, de 53 años, director (ahora con licencia) del diario estatal El Telégrafo.

Ese día, en la tarde, el aparente agresor denunció también a Ordóñez por violencia psicológica. En el escrito, él pedía que se investigue la dirección de la joven, con quien, dijo, tuvo una relación sentimental, para que le notifiquen una boleta de auxilio en favor de él.

Ella ya contaba con una boleta de auxilio en contra de Pérez, emitida tras su denuncia, del 5 de diciembre, y valoración médica, que le daba tres días de incapacidad por los golpes. Los mensajes de rechazo contra la violencia se multiplicaron, sobre todo en redes sociales.

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Al día siguiente, el martes 13, Pérez dio una rueda de prensa en Quito, en la que no aceptó preguntas ni confirmó la agresión. Ahí dijo que este era “un asunto de orden privado y así será tratado en adelante”.

Aquello generó enseguida el rechazo de activistas y defensoras de los derechos de la mujer, así como de asambleístas de Alianza PAIS, partido del Gobierno Nacional, quienes recalcaban, sobre todo en redes sociales, que la violencia no es un asunto privado.

En internet incluso se viralizó un tuit del 2011, de Orlando Pérez, en el que le dice a una periodista que espera que le pregunte a su entrevistado por los golpes que le había dado a su pareja.

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El caso de Gloria no es el único en el país. Hasta 2011 en Ecuador, seis de cada diez mujeres había sufrido algún tipo de violencia, según la Primera Encuesta Nacional de Violencia de Género, que hizo en ese año el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Y esa es la cifra que se sigue manejando hasta la actualidad. Pero, ¿es la violencia de género un asunto privado?

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Abogados, activistas y defensores de derechos ciudadanos dicen que no es un asunto privado, sino público, en el que deben intervenir de oficio (sin necesidad de denuncia formal) las autoridades cuando se conocen estos casos de agresiones.

Solanda Goyes, abogada y activista del grupo Nosotras por la Democracia, asegura que en materia penal se convierte en un delito de acción pública porque hay un daño que afecta a la sociedad, al igual que otros delitos como homicidios, actos terroristas u otros.

“Él (Pérez) está equivocado, es una visión arcaica y del machismo de hace más de 20 años (...). En otro país le hubiesen abierto una indagación; el presidente (de la República) o el ministro del Interior hubiesen salido a denunciar públicamente el hecho”, sostiene Goyes.

Con ella coincide Silvia Buendía, abogada y activista. “Es un tema gravísimo que se quiera decir que es un asunto privado (...). Ella tiene los golpes, está el video que él mismo grabó, en el que se lo ve cómo la humilla (...) y después con todo eso, con qué derecho él le ha puesto una demanda”, dice.

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Ambas creen que la demanda que el supuesto autor de los golpes puso contra la víctima es una forma de intimidar y demostrar aparentemente una posición de poder. Por estas acciones, afirman, las mujeres suelen dejar de denunciar la violencia y le dan paso a la impunidad y a que continúe.

Gloria ha ratificado en su testimonio, recogido la semana pasada, su versión inicial.

La ley dice
Violencia de género

En el art. 155 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigencia desde 2014, se considera violencia (contra la mujer o miembros de la familia) toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual. Cónyuges, parejas, convivientes, novios, parientes y otros constan entre los miembros del núcleo familiar.

Para mañana está prevista la audiencia de juzgamiento

La audiencia de juzgamiento por el proceso de la supuesta violencia física denunciada por Gloria Ordóñez está prevista para mañana 27.

Hernán Ulloa, abogado de Ordóñez, señaló que esperan que se dictamine la sentencia definitoria que podría acarrear una pena de 7 a 30 días de prisión para Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, quien se encuentra con licencia sin sueldo.

Pérez estuvo la semana anterior durante la diligencia en la que Ordóñez rindió su testimonio de lo ocurrido.

El periodista acudió con su abogado Gonzalo Lazcano, quien detalló que se formularon preguntas a la supuesta víctima y que el martes esperan presentar “muchas pruebas” a favor de su defendido.

En cambio, Ordóñez deberá comparecer el 3 de enero en una audiencia por la demanda de violencia psicológica puesta por Pérez. (I)