El abogado de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt), Pablo Fajardo, cuestionado por el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) por el levantamiento del embargo a los dineros que debía pagar el Estado a Chevron, asegura que temían que esta petrolera chantajeara al Gobierno y se pudiera afectar todo el proceso judicial. Aunque el presidente Rafael Correa dijo que el Gobierno les pidió levantar ese embargo, Fajardo dice que fue una decisión de la Udapt, que coincidió con dicho pedido.

¿Quién le autorizó a levantar el embargo?
La Unión de Afectados por Texaco que reúne a indígenas y campesinos demandantes.

¿Quiénes son los beneficiarios, solo la Udapt u otras organizaciones?
En el juicio de reparación ambiental, en su sentencia la Corte de Sucumbíos ordenó que se cree un fideicomiso con los afectados y que los recursos sean administrados por el Frente de Defensa de la Amazonía.

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Justamente el FDA anunció terminar los vínculos con usted porque no se le consultó. ¿Debía hacerlo?
Yo no trabajo para FDA. No son los demandantes, una vez que se recaude el dinero, deben administrar los recursos del fideicomiso.

¿Por qué entonces fueron elegidos administradores de fideicomiso?
Los demandantes son personas naturales, y como hay que reparar el daño ambiental había una posibilidad, en el momento de la sentencia, de que el Estado maneje los recursos. Eso era gravísimo. Otra era que una persona jurídica de la zona maneje los recursos, y la Corte decidió que sea el FDA.

El presidente dijo el martes que el Gobierno había pedido a los amazónicos que levanten el embargo y que estaba eternamente agradecido. ¿Quién fue el interlocutor de ese pedido?
Fue una posición propia de la Udapt, hizo la investigación de cómo Chevron usaba ese crédito como un chantaje. Una vez que se tenía el análisis hecho, me imagino que tuvieron algún tipo de contacto con gente del Gobierno, no sé exactamente con quién. Era una decisión autónoma que coincidió con la posición del Gobierno.

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¿Entonces, sí hubo pedido, pero ya lo tenían pensado?
Ya lo teníamos decidido. En primera instancia, se le presionó al Gobierno que pague el embargo aquí. Llegamos incluso a sospechar que había una negociación entre Chevron y el Estado. Udapt pidió a voluntarios en EE.UU. que nos envíen la información y se investigó desde el lunes 18 y el 21 dijeron se decidió esto: cancelar el embargo.

¿Qué temían ustedes si no se lo levantaba?
Que Chevron iba a chantajear al Estado y obligarlo a negociar todo el juicio. Era un alto riesgo, pues tenemos una acción pendiente en la Corte Constitucional y el objetivo de Chevron era eliminar el caso en esa Corte. Había presión de Chevron y el Gobierno presionado, podía caer en la trampa y nos podía fastidiar el proceso en la Corte. Teníamos que decidir: pelear por los $ 100 millones, pero hay un alto riesgo de perder todo el caso en la Corte. Y la segunda opción era mantener la independencia, que pague el Estado, y nadie se mete con nuestro caso en la Corte.

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¿Temían que al país no se le dé recursos con los bonos?
Eso es una cuestión propia del Gobierno, no es una cosa nuestra. Si conocimos por la fuente de investigaciones, de gestiones de Chevron para impedir que tenga éxito en esa negociación.

¿Se podría tomar el pedido relatado por el presidente como una intromisión del Gobierno en un juicio de particulares?
Para nada, la Udapt analizó el problema y hubo una plena coincidencia. Había dos gigantes en disputa, y nosotros en el medio, teníamos que ser astutos. No veo interferencia en el juicio privado.

¿Tras esto se ve más lejos el cobro a Chevron Texaco?
Lo veo muy cerca más bien. Del 12 a 16 de septiembre tenemos una audiencia en Canadá donde esperamos éxito absoluto. También esperamos un fallo en Nueva York en segundo circuito.

¿Hay división entre los afectados, por la crítica del FDA?
La Udapt está conformada por sionas, secoyas, cofanes woaoranis, quichuas y colonos, el FDA es un socio más de la Udapt. Quizás el único socio que está en esa posición es FDA, pero hay una unión férrea en este proceso. Hay intereses externos por fraccionar. Eso sí. (I)

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Sabíamos que Texaco Chevron estaba inscribiendo la sentencia en seis estados de EE.UU. y que había una campaña maquiavélica que iba a presionar al Estado. Podía pedirle que se elimine el caso en la Corte para evitar problemas”.Pablo Fajardo, Abogado