El procurador Diego García reconoce que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que halló violación de derechos de los hermanos Roberto y William Isaías, es vinculante, pero subraya que no es una sentencia judicial que disponga indemnizarlos o reponer los bienes incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en el 2008. Asegura que pese a la vigencia del Mandato 13, que impidió que los demandantes planteen acciones judiciales, ellos no acudieron a la vía alternativa: la contenciosa administrativa.