Clara Merino, presidenta del Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, detalla los incumplimientos estatales a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El grupo los denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Cuál es el estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?
A cinco años no hay ninguna víctima que haya sido reparada integralmente (...). De estas recomendaciones que están hechas para la reparación integral, ninguna es efectiva en una víctima concreta. Se han empezado programas que, primero, están incumpliendo parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, segundo, que incluyen algunas medidas y divididas en el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

Según el Comité, de los 118 casos reportados por la Comisión solo se han iniciado 6 procesos judiciales y ninguno tiene sentencia. ¿Por qué las investigaciones no avanzan?
Creemos que hay una serie de causas, como el poco personal que tiene la Fiscalía. Son apenas cinco fiscales que están para todos los casos, que son casos complicados, y además para los nuevos casos que puedan surgir de violaciones de derechos humanos; el que (la Dirección que investiga) está centralizada en Quito y tiene pocos recursos. También creemos que no hay un cronograma claro de la judicialización de los casos.

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¿Qué tipo de casos son los que, aunque no han concluido con una sentencia, han podido iniciar como proceso?
Creemos que hay una discrecionalidad en los casos que se escogen para ser judicializados, que sería por decisiones políticas, por la necesidad de atacar a determinado tipo de enemigos que mantienen poder o que están protegidos por las instituciones de donde fueron los perpetradores, y, por otro lado, los que son más fáciles administrativamente. Estamos exigiendo que un cronograma con criterios técnicos...

¿Cómo califican la actuación de las instituciones estatales?
Creemos que ha existido una desidia, una lentitud en cumplir las recomendaciones (...). No es lo mismo llegar a una reparación integral tardíamente (...). También vemos que hay una atención paternalista, como que le están haciendo un favor a las víctimas. Muchos compañeros han dicho somos víctimas, hemos vivido 20, 25 y 30 años de estas violaciones, pero no hemos perdido la dignidad. (I)