La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) prepara una demanda de inconstitucionalidad al artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Así lo indicó la dirigente Nina Pacari Vega, quien explicó que en el COIP se tipifica como delito el ataque o resistencia a la autoridad cuando la resistencia a las decisiones de las autoridades es un derecho garantizado en la Constitución del 2008.

“Si es un derecho, el ejercicio de ese derecho no puede ser criminalizado, porque ejercer el derecho a la resistencia no es un delito, por lo tanto, es inconstitucional esa norma del COIP”, afirmó Pacari.

La Conaie, añadió ella, está organizando a un grupo de profesionales para que preparen la demanda; e invitó a sumarse a otros sectores porque esa norma “afecta no solo a los indígenas, sino a todo ciudadano”.

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Comentó que algunos de los detenidos por las protestas de agosto pasado están siendo procesados bajo esa figura.

Y agregó que, para agilitar sus casos, la mayoría se ha acogido al procedimiento abreviado, lo cual los obliga a aceptar la comisión del delito.

“En el proceso abreviado, lo que ocurre es que el informe policial se convierte en sentencia; entonces, no hay administración de justicia, sino persecución y lo que existe es autoincriminación. Eso es contrario a la Constitución”, explicó.

La exjueza constitucional indicó que esperan que el Relator de las Naciones Unidas relacionado con independencia judicial visite al Ecuador porque, a su criterio, en base al racismo y normas judiciales inconstitucionales “se está criminalizando a líderes indígenas”.

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A la par, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), con el apoyo de la Conaie, emplazó al Gobierno a aceptar la conformación de una comisión especial para visitar el sector de San Marcos, en Tundayme (Zamora Chinchipe) para verificar las condiciones de las 13 familias desalojadas semanas atrás por la fuerza pública y la empresa minera Ecuacorriente.

Luis Saavedra, vocero de la ONG de derechos humanos, invitó a la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira; a la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, Zobeida Gudiño, a que recorran la zona y reciban las pruebas.

Según su cronograma, el viaje sería el 14 de octubre desde Quito y estarían en Tundayme hasta el 16, detalló.

Investigación
Celso Aguirre, representante del Frente Popular en Tungurahua, rechazó el inicio de una investigación en contra de varios dirigentes indígenas por el presunto delito de secuestro, cuando se retuvo a militares que subían a custodiar las antenas de transmisión de radio y televisión en el cerro Pilishurco. “Lo único que hicieron es reclamar ante una invasión a sus territorios”, afirmó. (I)