La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, 8 de los 200 casos de personas reportadas como desaparecidas desde el 2013. El documento también fue enviado a otras relatorías e, incluso, no descartan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue ratificada por el Ecuador el 20 de octubre de 2009.

Y según los abogados de los familiares, el Estado debía presentar un informe en el 2013, indicando las medidas adoptadas, pero recién lo hizo en junio de 2015. Este, sin embargo, se habría redactado sin su participación, por lo cual elaboraron su propio reporte.

Según Lina Espinosa, activista de Derechos Humanos, la Asfadec ha documentado 200 casos desde el 2013 por denuncia de sus familiares.

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Más del 70% son mujeres entre los 18 y 25 años de edad, la mayoría de ellas mestizas y residentes en Quito, Guayaquil, Sucumbíos y Esmeraldas.

Añadió que las estadísticas de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) no coinciden.

Las ocho personas desaparecidas que se incluyen en el informe son Carolina Garzón, Jualiana Campoverde, Luis Sigcho, Orlando Pacheco, David Romo, Camilo Tobar, Luis Velásquez y Leonor Ramírez.

En sus expedientes, añadió Espinosa, dan cuenta de los obstáculos que tienen los familiares para acceder a información y sobre todo a conocer el avance de la investigación.

Gina Benavides, catedrática de Derechos Humanos, afirmó que el hecho de que haya tantos casos que no encuentran una solución implicaría, por omisión, una responsabilidad del Estado: “De persistir esta situación, al Estado, le va acarrear responsabilidad internacional y por lo tanto, los casos pueden llevarse a otras instancias”.

Lo que piden los familiares de las ocho personas desaparecidas es que la ONU inste al Estado ecuatoriano para que cumpla con sus obligaciones de investigación, persecución y sanción de casos, como lo establece el artículo 3 de la referida convención; y que se le solicite información actualizada y cierta acerca de las personas desaparecidas en el Ecuador. (I)

Los familiares no están pidiendo favores, sino exigiendo derechos... saben lo que no funciona del sistema, y aspiran a sentarse con el Estado para que exista una respuesta eficaz...Lina Espinosa, activista de DD.HH.