Yolanda González fue elegida presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) el jueves pasado, para los primeros dos años de gestión, y defiende el concurso público hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asegura que sus actuaciones demostrarán independencia del Gobierno y de Alianza PAIS (AP).

Sobre su designación hay críticas por haber sido militante de AP. ¿Eso no afecta a la independencia de este organismo?
El hecho de que haya trabajado para una institución pública de este u otro gobierno y de que yo haya sido militante, adherente de un movimiento político, en este caso AP, no me quita mis derechos ciudadanos. Yo soy una ciudadana. Cumplí todo un proceso de admisión, oposición y méritos y creo que fue una fortaleza haber trabajado en el aparataje estatal, porque aquí están los resultados: la experiencia, de haber trabajado con organizaciones (...). Vamos a trabajar con los gobiernos locales, sean de cualquier índole política.

La pregunta es por la cercanía de los consejeros electos con AP y el Ejecutivo. Como Edwin Jarrín (exasesor del presidente Rafael Correa), esposo de Soledad Buendía, asambleísta de AP; la consejera Tania Pauker, esposa de Carlos Gualinga, también legislador de AP. Doris Gallardo viene del Consejo de la Judicatura. Usted viene de AP, también de la Secretaría de la Política. ¿Esos nexos tan directos con el Gobierno podrían hacer que se pierda esa visión de la participación ciudadana?
¿O sea que yo pierdo mis derechos ciudadanos por haber sido funcionaria pública? Somos ciudadanos, yo vengo de un hogar pobre, soy afro, estoy representando a las mujeres, estoy representando a una población afrodescendiente, históricamente excluida. Y los consejeros del Consejo, somos funcionarios públicos que estamos ceñidos a la ley del Consejo, a la de Participación Ciudadana y a la Constitución, eso nos permite ese desligamiento. No estamos aquí para trabajar con uno u otro partido político; sí hemos sido funcionarios públicos, pero hemos pasado todo un proceso, hasta impugnación.

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No he dicho que usted no tiene derechos, sino que viene del Gobierno que está en el poder. ¿Cómo garantizar la independencia de un órgano que elige a las 15 principales autoridades del Estado, que lucha contra la corrupción?
Está garantizado en el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Ustedes van a estar observando nuestro actuar y va a ser transparente.

Correa ha criticado al Consejo pues consideró que no hizo nada en la lucha contra la corrupción. ¿Qué acciones impulsarán en ese tema?
Nuestra ruta será primero empoderar a la ciudadanía socializando todos estos mecanismos de participación. Una vez que la ciudadanía tiene claro su poder y su incidencia, se va a ir trabajando la veeduría ciudadana. Estas veedurías nos llevan a identificar casos de corrupción e irle dando toda la ruta de cómo hacer denuncias.

¿Qué cree que falta y debe impulsarse en este Consejo?
Queremos apuntar a empoderar a la ciudadanía en el poder que tienen, fortalecer los espacios participativos a nivel territorial. Vamos a trabajar con los gobiernos autónomos para ir bajando la política pública en participación. (I)