En la cooperativa 28 de Agosto, en Durán, el panorama es contrastante. En una misma cuadra hay viviendas de cemento frente a otras armadas con cañas y maderas, que parecen estar a punto de derrumbarse.

La mayoría de sus habitantes llegaron años atrás cuando el sector era un lodazal y se alumbraban con velas. Hoy, aunque ya cuentan con energía eléctrica, en algunas casas los servicios básicos como agua potable o alcantarillado son un sueño. Al igual que la legalización de sus terrenos.

El pasado martes, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán, socializó con un grupo de moradores de esta cooperativa el proceso de legalización de terrenos previsto para esta zona.

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Pese a este encuentro, habitantes como la manabita Isabel Cabrera dijeron temer por un posible desalojo de los lugares que hasta ahora han acogido a sus familias. Ella se asentó en esta zona hace diez años, motivada por su hermano, quien llegó primero a este sector, luego de comprar el solar.

Con las recientes lluvias, dice Cabrera, las calles sin pavimentar se convirtieron en pozas de agua acumulada. Y aunque esta situación causó daños en su vivienda, prefiere no realizar alguna restauración por el temor, asegura, de ser desalojada.

“Nosotros vimos en las noticias que supuestamente la alcaldesa había dicho que era una orden de desalojo aquí (...). Entonces la gente se está quejando porque dicen que sí van a desalojar. Cómo va a creer que va a desalojar y no va a reubicar”, señala Mercy Medina, otra habitante de esta cooperativa.

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Medina reside con sus hijos en esta zona. Ella antes vivía cerca del Parque Viernes Santo, en Guayaquil, pero con la reubicación de moradores su terreno fue comprado por el Miduvi. Ella se encargó de rellenar el solar donde levantó su casa. Su temor, dice, es volver a quedar en la calle.

“Como hace dos meses atrás vinieron unos señores a dar unas órdenes de desalojo, que daban dos meses para desalojar, pero ahí la gente se unió y fue al Municipio”, señala.

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En la manzana 42, Griselda Zambrano se instaló hace ocho años con su esposo, quien padece de discapacidad luego de un derrame cerebral.

Zambrano, quien antes vivía en Los Vergeles, Guayaquil, no tiene empleo. La comida se la proveen sus hijas, quienes también habitan en el sector. Su casa quedó inundada con las recientes precipitaciones y sus pocos enseres se han dañado. El piso de tierra y piedras está cubierto con un plástico para evitar que su esposo se enferme con la humedad y el polvo.

“Ayer (lunes) en la reunión nos dijeron que nos iban a dar seis meses para ver y analizar todo esto y que aquí no nos van a dar escrituras porque esto no está legal y desde qué tiempo nos tiene engañando la misma alcaldesa, cuando quería el voto dijo que iban a dar escritura”, sostiene Zambrano. En el caso de darse los desalojos unos amigos de la familia le darían posada por tres meses.

En el terreno conjunto, su hija Mariuxi Villarreal vive el mismo temor. Su casa acoge a su esposo y tres hijos desde hace nueve años. “Antes decían que esto era del Gobierno, ahora el pretexto es que tiene basura debajo y es tóxico”, dice.

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Téber Cabezas, de 55 años, vive en este sector desde el 2000. Según relata, la Chamba, como se conocía al botadero de basura, estaba lejos de la zona donde edificó su casa de cemento. “Nos dijo (la alcaldesa) que no se nos va a legalizar ni tampoco nos va a desalojar, pero ella generaliza al decir que ha sido un botadero y que es una bomba de tiempo”. (I)