Para el 17 de noviembre quedó fijada la fecha de la audiencia de juicio y de sustentación de dictamen dentro del caso que se sigue por el supuesto delito de ataque o resistencia en contra de los 31 jóvenes que participaron en las manifestaciones convocadas por los sindicatos el pasado 17 de septiembre en los alrededores del centro histórico.

La decisión fue adoptada por el juzgado de Flagrancia, instancia en que se tramita la denuncia planteada por el Ministerio de Educación.

Según al expediente del proceso, la Fiscalía dispuso la semana pasada el cierre de la fase de instrucción fiscal.

El delito de ataque o resistencia consta en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal y determina una sanción de prisión de entre seis meses y dos años para la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los empleados o autoridades públicas.

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Cuando el delito es cometido por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, la sanción será de uno a tres años; si están armados, de tres a cinco años; y si las personas incitan a la fuerza pública a ejecutar las conductas anteriores, se incrementa un tercio de las penas. Si hay heridos, la pena puede subir a siete años.

La Fiscalía informó que los procesados se beneficiaron de medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada quince días.

Según Mauricio Garrido, abogado de uno de los estudiantes, de las 31 personas acusadas, 3 no cumplieron con la presentación periódica por lo cual se dispuso a su defensor que justifique esto antes de que el juez resuelva sobre la medida.

Hasta el momento, según Garrido, se realizó la toma de versiones; también se incorporaron videos y fotos proporcionadas por los medios para identificar a los presuntos participantes de las manifestaciones.