Entre funcionarios judiciales, fiscalizadores y contratistas suman 83 las personas que la Contraloría General del Estado examinó en su auditoría a las contrataciones hechas por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) y el Consejo de la Judicatura (CJ), desde julio del 2011 hasta marzo del 2013, etapa de la emergencia judicial.

Vea más en nuestro especial: Los contratos de la emergencia judicial

El listado corresponde al anexo 1 del informe aprobado por la Contraloría. En él se mencionan como “principales personas relacionadas con el examen” a 38 miembros del CJT y del CJ, entre ellos a varias autoridades, funcionarios del Eje de Infraestructura Civil, encargados de administrar los contratos, y servidores públicos.

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Además, constan en la nómina 15 fiscalizadores, por ejemplo, de obras en Chimborazo, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Loja y Cotopaxi.

Treinta contratistas que hicieron estudios o construyeron inmuebles también se incluyen en el listado de examinados. Entre las obras que ejecutaron se mencionan, por ejemplo, el Palacio de Justicia y el edificio del sur, en Guayaquil.

El listado se encuentra actualmente en etapa de predeterminación, fase previa a la definición de responsabilidades.

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El informe se hizo público en marzo pasado y concluyó que “se adjudicaron contratos a proponentes cuyas ofertas no cumplieron con lo exigido en los pliegos o invitaciones”, además de que “se permitió la ejecución de rubros nuevos sin la suscripción previa de contratos complementarios” y que hay “obras de remodelación de edificios que no disponen de estudios aprobados sobre la estabilidad estructural”.

La mayoría de observaciones que hace la Contraloría en su informe recaen sobre la dirección general del CJT, representante legal de la entidad. Este cargo lo cumplió Mauricio Jaramillo Velasteguí, quien antes había sido asesor 2 de la Presidencia de la República.

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Jaramillo se desempeña en la actualidad como procurador en Petroecuador, entidad en donde se lo intentó localizar ayer para solicitarle una entrevista, pero ahí se informó que se encontraba fuera del país.

Durante la emergencia judicial se firmaron 441 contratos que suman $ 448,4 millones, el 78 % se dedicó a obras y el 94 % de los contratos se designó directamente, sin concurso.

441 contratos se firmaron durante la emergencia judicial, entre construcciones, tecnología y recurso humano.