El precio de un solar en la coop. Thalía Toral era $ 2.500. Cuando María (nombre ficticio), de 32 años, decidió comprar uno en el 2009, el dirigente, cuyo nombre no revela, le asignó un pedazo de tierra del que podía tomar posesión cuando haya pagado su costo total; así lo disponía el vendedor, al que ahora llama traficante porque le cobró dinero por un terreno de 8 x 15 m (120 m²) del cual fue desalojada el 10 de mayo pasado, durante un masivo operativo ejecutado por el Gobierno.
Cuatrocientas veinte viviendas, la mayoría de caña, fueron destruidas por dos retroexcavadoras, en medio de la mirada atónita de posesionarios de solares, que eran minoría frente a 1.300 policías y unos 300 militares que acordonaron la Thalía Toral, situada en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste.
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“Qué saco con decir mi nombre, qué saco con hablar del traficante, si ya me botaron”, pregunta María, indignada y resignada a la vez, sin saber dónde ir y recién advertida por policías de que podrían llevarla presa si persiste en quedarse en aquella zona desalojada, propiedad del Estado, según funcionarios del Gobierno. Junto con ella hay otros 20 posesionarios aferrados aún a los predios luego de cinco días de expulsados.
En diciembre del 2010 a través de un decreto ejecutivo, bajo la premisa de evitar que las invasiones continúen en el noroeste, un sector de 9.300 hectáreas fue declarado zona de seguridad, en control de las Fuerzas Armadas. Paralelo a ello se dieron masivos desalojos en la cooperativa Ciudad de Dios, los militares evitaron que se ingresen materiales de construcción y la Fiscalía inició procesos judiciales en contra de los señalados traficantes de tierra.
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¿Qué pasó en la Thalía Toral? “Eso está fuera de nuestra jurisdicción”, contesta Jaime Jácome, oficial del Comando de Operaciones Navales y responsable de los patrullajes militares en el área de seguridad, que empezaron con 400 hombres y ahora se redujeron a 150. Remarca que la Thalía Toral no consta dentro de las 9.300 hectáreas y admite que en el territorio bajo su custodia hay unos desalojos por ejecutar, pero que han sido postergados “por problemas con la maquinaria”.
La Thalía Toral, que queda a un costado de la vía principal de Monte Sinaí, la cual pavimentó el Gobierno y que equivale a la prolongación de la entrada de la 8, tenía 137 casas en diciembre del 2010. En dos años cuadruplicó esa cifra, según reflejan fotografías de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, la cual planifica los desalojos.
Respecto a la falta de control en esa cooperativa, que derivó en el aumento de habitantes en calidad de invasores, Julio César Quiñónez, secretario técnico del organismo (adscrito al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) y quien salió de la Intendencia de Policía del Guayas, alega que la entidad fue creada en junio del 2012 y que antes de ejecutar operativos fue necesario “construir mapas, georreferenciar asentamientos humanos, comparar fotos...”. Considera que el tiempo empleado en esas tareas fue necesario para “actuar con exactitud y no cometer errores”.
Según el funcionario, en Thalía Toral no tocaron las casas que ya estaban levantadas en el sitio en diciembre del 2010.
Pero hubo costo social y lo asumieron los desalojados. Quiñónez afirma que la Secretaría contabiliza 350 denuncias por estafa formuladas por los propios desalojados. Y destaca que hay tres promotores de tierra en la lista de los más buscados, de los cuales uno fue capturado: Marco Solís Briones, de Monte Sinaí.
Ni esa cooperativa ni Thalía Toral o Voluntad de Dios constan dentro del perímetro urbano. La primera, dice Quiñónez, recién fue definida por la Secretaría Técnica como “zona de control y planeamiento (vigilancia desde el aire con un vehículo no tripulado)”.
El desalojo derivó de una orden del presidente Rafael Correa. En el enlace del 6 de abril pasado exigió tomar acciones en contra de los asentamientos ilegales en Monte Sinaí y dar cumplimiento a la política de “cero tolerancia a las invasiones”. Criticó la venta de materiales de construcción en el sitio. Los locales fueron clausurados, como ocurrió en el 2010.
El operativo generó un nuevo conflicto entre Gobierno y Municipio respecto a la legalización de terrenos y el control a las invasiones. La gobernadora Viviana Bonilla señaló al alcalde Jaime Nebot por no legalizar zonas de Monte Sinaí; el funcionario sostiene que la Procuraduría prohíbe intervenir porque hay un litigio de tierras.
Autoridades: Posturas
Julio César Quiñónez
‘No había información en mapas’
“Lo que nosotros hicimos fue construir mapas porque no había esa información; georreferenciar los asentamientos humanos. Tenemos georreferenciados 106 asentamientos en todo el país. Ver cuáles eran las provincias más gravitantes, hacer verificación en campo, tener las herramientas tecnológicas; porque se puede ver el sector Thalía Toral, pero cómo se identifica a quienes estuvieron antes y quienes después (...); es difícil controlar porque se meten en zonas consolidadas”.
Jaime Nebot
‘Tierras son de Gobierno, según Procuraduría’
A los ciudadanos de Monte Sinaí les expliqué que la Procuraduría General del Estado (...) establece que las tierras de Monte Sinaí son del Gobierno (...) y dice le corresponde por tanto hacer la expropiación respectiva, pagar a los propietarios, legalizar las tierras y entregar los títulos de propiedad a quienes legalmente corresponda. El Municipio no puede intervenir en Monte Sinaí (..), pero si el Procurador rectifica y cambia, yo intervendré, legalizaré...”
Viviana Bonilla
‘1.000 ha están a cargo del Municipio’
“Estará en manos del Gobierno 100 o 200 hectáreas, pero vaya vea cuántas hectáreas hay en Monte Sinaí: más de 1.000 hectáreas están a cargo del Municipio, que debería legalizarlo (...). El presidente (Rafael Correa) lo dijo: asentamientos con posterioridad a diciembre del 2010 serán desalojados, los que están antes se va a respetar esos espacios, se va a legalizar poco a poco, por supuesto de la mano del Municipio porque son áreas en que tiene la facultad de hacerlo...”