El convenio de acción conjunta firmado este jueves entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno tiene dos componentes. En el primero, relacionado a un acuerdo macro por la seguridad, requiere la intervención de doce entidades.

Dentro del acuerdo se establece que estas instituciones serán convocadas para que se adhieran al convenio. Allí están la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura, gobiernos municipales, Policía, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, autoridades de tránsito, universidades, empresas privadas de seguridad y negocios privados.

Así, el acuerdo hace un llamado a la Asamblea a tratar y evacuar reformas en delitos execrables y realizar reformas para facultar a la Policía a retirar las armas sin permiso, incluidas las blancas y objetos cortopunzantes.

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Al Consejo de la Judicatura se pide sancionar, inclusive con destitución, a jueces y fiscales que por acción y omisión no cumplan con las normas.

El acuerdo incluye además los compromisos que asume el Gobierno y el Cabildo. El primero, por ejemplo, debe a través del Ministerio de Finanzas destinar adicionalmente los recursos que demande el cumplimiento del convenio.

Mientras que el Municipio debe adecuar o dictar ordenanzas a los términos convenidos en materia de seguridad. Además se compromete a colaborar con recursos, personal y equipos.

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En la segunda parte del acuerdo se establece que el Gobierno y el Municipio implementarán un mecanismo de patrullaje preventivo las 24 horas

Para esto, el Cabildo aportará con la compra o arrendamiento de  vehículos 4x2. El Gobierno aportará con el mismo número de unidades y designará del personal policial a los conductores para todas las camionetas.

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Además, el Gobierno y el Municipio compartirán información que permita prevenir delitos.

Las cámaras del sistema de seguridad nacional se integrarán al local. (I)

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