El Consejo de Educación Superior (CES) será la autoridad encargada de decidir la prorrogación de la intervención en la Universidad de Guayaquil una vez que aprobó el informe de diagnóstico y plan de intervención de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional (CIFI), que labora desde el 15 de octubre pasado.

El presidente de la Comisión y rector de la universidad, Roberto Passailaigue –en su cargo desde octubre– aseguró aquello tras anunciar que el informe fue aprobado por el CES con nueve votos a favor y uno en contra, el del consejero Enrique Santos.

Aunque los enfrentamientos entre bandos políticos ya no se han repetido, Passailaigue afirmó que se siguen promulgando infamias en redes sociales. Esta razón motivó la intervención en octubre pasado.

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Agregó que la situación es más grave que la intervención dispuesta en el 2013 y ante ello, dijo, el informe servirá para que el CES decida si la intervención sigue hasta este 15 de enero o se dan medidas prorrogadas.

“La universidad tiene los mismos problemas que tuvo con las causales de intervención del 2013, persisten de forma agravada”, enfatizó y agregó que si se aplaza la intervención debe ser menor al plazo de la anterior.

Agregó que según el artículo 199 de la Ley de Educación Superior y sus incisos, se estipula como motivo de intervención “la violación de disposiciones de la Constitución, reglamentos, resoluciones del CES y el estatuto y la existencia de irregularidades académicas...”.

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Passailaigue además presentó el plan de intervención con acciones a corto, mediano y largo plazo. En el diagnóstico, dijo, un gran porcentaje se gasta en nómina, hay jubilados impagos, falta de archivo histórico, documentos perdidos, archivos de procesos de convocatoria para provisión de cargos.

Entre las soluciones, citó, están una reingeniería de las facultades y carreras, la creación de un sistema integrado de comunicación entre facultades.

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Estimó que unos 1.300 contratos ocasionales no serán renovados este fin de año.

Problemas en Universidad de Guayaquil

Se espera reformar estatutos centrales y normativas.

En la nómina se gasta casi el 95% del gasto corriente. No hay presupuesto para mejoras ni investigación, se evalúa una reingeniería en esa tema.

Violación a derechos a los estudiantes, profesores y jubilados. A diario, el rectorado atiende unas 100 personas al día en su despacho. (I)

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