El Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo una grave demanda contra S & K Towing Inc., una empresa de grúas de San Clemente (California) acusada de desechar y subastar ilegalmente los automóviles de varios militares activos.

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Esta práctica comercial perjudicó a 148 vehículos remolcados directamente desde la base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton, lo que constituye una clara violación de la ley federal SRCA, diseñada para resguardar a todos los soldados.

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La demanda a una empresa de grúas por vender los autos de soldados activos

La querella legal señala que S & K Towing desechó estos valiosos bienes sin contar con una orden judicial previa. Aunque sabían que los dueños de los vehículos pertenecen a las Fuerzas Armadas, los operadores remolcadores ejecutaron estas cuestionables subastas, informó Military Times.

El problema surgió a raíz de un acuerdo policial.

La compañía retiraba las unidades bajo un acuerdo con la policía de Camp Pendleton, que los clasificaba como abandonados o mal estacionados, sabiendo que sus dueños se encontraban en despliegue. Así, la empresa se apoyó en las leyes estatales para asumir un derecho de cobro y subastar los autos para cubrir los gastos de almacenaje generados.

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Muchos transportes subastados todavía contenían medallas, uniformes y valioso equipamiento táctico. Ante esta grave situación, la Fiscalía remarcó que estas empresas “deben respetar y acatar las leyes federales que protegen a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas”.

Pese a los avisos legales, el gerente de la empresa aseguró que es una maniobra frecuente. Foto: Freepik

La negligencia corporativa alcanzó límites alarmantes cuando decidieron ignorar deliberadamente todas las advertencias institucionales. Tras recibir un aviso telefónico de un abogado castrense exigiendo detener la ilegalidad, un aparente gerente de la corporación contestó sin inmutarse: “Hacemos esto todo el tiempo”.

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Ahora, el gobierno exige reparaciones monetarias para restituir económicamente a cada combatiente afectado. Simultáneamente, los fiscales solicitan sancionar civilmente a la infractora e imponer medidas severas para erradicar definitivamente estas maniobras.

(I)

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