Cada vez son más los conductores en California que cuestionan las multas por pasar semáforos en rojo captadas por cámaras automáticas. Esto ha generado un debate que combina seguridad vial, legalidad y percepción de la justicia.
Aunque saltarse la luz roja puede producir accidentes graves e incluso la muerte, la aplicación automatizada de sanciones ha despertado resistencia entre algunos automovilistas.
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Diversos estudios, incluidos los del Insurance Institute for Highway Safety, muestran que las cámaras en intersecciones reducen los choques mortales y los accidentes en general, con un énfasis importante en peatones y ciclistas, quienes enfrentan mayor riesgo en cruces concurridos.
Una ley que amplía el uso de cámaras y sus detractores
El gobernador Gavin Newsom firmó una nueva ley que amplía el uso de cámaras y redefine las sanciones, esta norma, conocida como SB 720 o Ley de Calles Más Seguras, permite a ciudades y condados implementar sistemas automatizados modernos y establece que las infracciones captadas sean civiles, no penales, lo que significa que no se agregan puntos a la licencia ni se afecta automáticamente el seguro del conductor, detalla Eco News.
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Las multas bajo este programa comienzan en 100 dólares por una primera infracción y aumentan gradualmente para reincidentes. Además, los sistemas registran la matrícula del vehículo, no el rostro del conductor, y la responsabilidad recae en el propietario registrado. Sin dejar de lado que la ley exige señalización clara, campañas informativas y un período inicial de advertencias antes de aplicar sanciones.
Algunos expertos aconsejan no pagar automáticamente estas multas debido a controversias legales previas: críticos señalan que antiguas sanciones dependían de equipos que requerían calibración constante, revisiones por proveedores privados y carecían de testigos juramentados, lo que dificultaba su aplicación judicial.
En ese sentido, abogados especializados han logrado que miles de multas se reduzcan o se desestimen cuando existen dudas sobre la señalización, el funcionamiento del sensor o la sincronización del semáforo.
Quien ignora la notificación no está exento de riesgos, y es que, aunque las multas impagas suelen no afectar el puntaje crediticio, los tribunales pueden remitir deudas a la California Franchise Tax Board, que tiene facultades para interceptar reembolsos de impuestos o embargar salarios.
En medio de este panorama, el desafío para California consiste en equilibrar la seguridad vial y la sostenibilidad urbana con una aplicación justa que mantenga la confianza pública.
(I)
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