Con una sábada atacada alrededor de su cuello. Así fue encontrado Gamboy Guaranda en el Centro Correccional de New Haven, en Connecticut. El fallecimiento del hombre de 33 años marcó <b>la décima muerte en el Departamento de Correcciones desde principios de este año. </b>Guaranda, de nacional ecuatoriana, fue encontrado por un guardia penitenciario la madrugada del jueves en su celda con una sábana atada en el cuello y el otro extremo sujeto a la puerta. Fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto aproximadamente media hora después de su hallazgo. La Oficina del Médico Forense <b>dictaminó que su muerte fue un suicidio. </b>Guaranda permanecía encarcelado desde agosto de 2025 acusado de agresión sexual en primer grado. Su fianza se fijó en <b>250.000 dólares.</b> El fallecimiento de Guaranda se produjo tras la muerte de tres personas ocurrida la misma semana a principios de febrero. Andrey Desmond, de 32 años, quien cumplía una condena de 5 años por agredir en 2023 a la representante Maryam Khan, demócrata por Windsor, fue hallado inconsciente en su celda en la Institución Correccional de Garner, según CT Mirror.El médico forense dictaminó que su muerte fue <b>consecuencia de un trastorno esquizoafectivo, combinado con una cardiopatía hereditaria.</b>Noe Taveras, de 40 años, y Clemente Giusto, de 50, fallecieron la misma semana: Taveras en la Institución Correccional MacDougall-Walker y Giusto en Garner. La muerte de Taveras fue declarada suicidio, mientras que Giusto falleció a<b> causa de un coágulo de sangre. </b>En marzo, Christopher Root, de 29 años, falleció en el hospital MacDougall-Walker por una sobredosis de fentanilo combinada con alcohol y antidepresivos.De las 10 muertes ocurridas en las cárceles de Connecticut desde principios de año, dos —las de Taveras y Guaranda— han sido catalogadas como suicidios. Otra, la de Craig Whyte, de 45 años, quien fue hallado inconsciente en su celda en la Institución Correccional Osborn el 22 de marzo, aún está bajo investigación. Los legisladores están considerando un proyecto de ley de amplio alcance diseñado para <b>abordar la atención médica y la nutrición en las prisiones de Connecticut. </b>El proyecto de ley HB 5567 otorgaría al Defensor del Pueblo Penitenciario del estado dos puestos adicionales en su oficina: un defensor del paciente y un profesional de la salud mental. <b>Exigiría al departamento crear una lista de medicamentos de administración urgente y adoptar protocolos</b> para su distribución dentro de plazos específicos durante un confinamiento. Asimismo, el departamento tendría la tarea de desarrollar un programa piloto para que las personas con enfermedades crónicas pudieran administrarse sus propios medicamentos. El departamento recibiría trimestralmente un informe de evaluación médica basado en sus niveles de personal, vacantes, uso de personal temporal y el número de personas despedidas o suspendidas. Además, <b>tendría que elaborar un plan de contingencia para operar cuando la plantilla se encuentre por debajo de ciertos niveles. </b>El proyecto de ley también exigiría que la Oficina del Defensor del Pueblo para Asuntos Penitenciarios contratara a una persona para auditar el programa de alimentación y nutrición del departamento. El auditor se encargaría de investigar el valor nutricional de las comidas y si las personas con dietas restrictivas tienen acceso a comidas especializadas. Además, exigiría que el personal del Departamento Correccional recibiera entre cuatro y ocho horas de capacitación anual sobre salud mental, incluyendo prácticas basadas en el trauma.<b> El personal también tendría que recibir capacitación sobre sesgos implícitos, técnicas de desescalada</b> y prevención de crisis. <b>(I)</b>
