El Servicio Aéreo Especial (SAS), unidad de élite del Ejército británico, enfrenta un creciente número de dimisiones entre sus filas debido al temor de sus integrantes a ser sometidos a prolongados procesos judiciales por acciones realizadas en el campo de batalla, según un informe publicado por The Telegraph.
De acuerdo con diversas fuentes citadas por el medio, soldados del regimiento 22 SAS han solicitado bajas voluntarias anticipadas en cifras consideradas “significativas”, afectando al menos a dos escuadrones, identificados como D y G. Aunque no se han revelado números exactos por razones de seguridad, las salidas han sido descritas como una “amenaza para la seguridad nacional”.
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El malestar interno estaría vinculado a investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra en escenarios como Afganistán y Siria, las cuales algunos militares califican como “cazas de brujas” impulsadas por abogados de derechos humanos. A esto se suma el descontento por el tratamiento judicial a veteranos que sirvieron en Irlanda del Norte, varios de ellos sometidos a procesos que, según fuentes internas, han sido considerados infundados.
Entre los militares que han dejado la unidad figuran suboficiales de alto rango y personal altamente experimentado, considerados pilares operativos del SAS. Algunos habrían presentado su renuncia por motivos de principio en fechas cercanas a finales de año, en medio de un deterioro de la moral dentro del regimiento.
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El debate se produce en un contexto de presión política sobre el primer ministro Keir Starmer, en torno al estado de las fuerzas armadas y el financiamiento de defensa. El Gobierno aún no detalla cómo cumplirá su objetivo de elevar el gasto militar al 3 % del PIB, mientras persisten disputas internas sobre el presupuesto.
En paralelo, reportes señalan que al menos 242 miembros de fuerzas especiales —incluidos 120 en servicio activo— están siendo objeto de investigaciones legales relacionadas con operaciones en Afganistán, Irlanda del Norte y Siria, en procesos que tendrían un costo cercano al millón de libras mensuales.
Exintegrantes del SAS han advertido sobre el impacto de estas acciones. El exsargento mayor George Simm afirmó que los soldados temen enfrentar procesos judiciales incluso años después de sus despliegues, lo que ha generado una sensación de “traición” dentro de la unidad. En la misma línea, el excomandante Richard Williams señaló que la combinación de presiones legales y recortes presupuestarios está incentivando la salida de personal experimentado.
La controversia también involucra el marco legal vigente, en particular la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en contextos de conflicto, lo que, según críticos, estaría limitando la actuación de las tropas en combate.
En una carta abierta, exjefes militares advirtieron que la reapertura de casos históricos contra veteranos podría afectar la operatividad y confianza en la cadena de mando, además de beneficiar estratégicamente a adversarios internacionales. (I)