El arresto en Francia de un alto ejecutivo chino destapó un presunto esquema global de manipulación de precios en la industria de contenedores marítimos, acusado de duplicar los costos del transporte de mercancías y afectar el bolsillo de consumidores durante la pandemia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a siete ejecutivos chinos y a cuatro de los mayores fabricantes mundiales de contenedores de conspirar para restringir la producción y fijar precios de casi todos los contenedores marítimos estándar no refrigerados entre noviembre de 2019 y enero de 2024.
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Uno de los acusados, Vick Nam Hing Ma, de 54 años, fue detenido el 14 de abril de 2026 en Francia. Su extradición a Estados Unidos está en trámite, mientras otros seis ejecutivos permanecen prófugos.
Según la acusación, las empresas involucradas —Singamas Container Holdings Ltd., China International Marine Containers (Group) Co., Ltd., Shanghai Universal Logistics Equipment Co., Ltd. y CXIC Group Containers Co. Ltd.— habrían coordinado recortes de producción para elevar artificialmente los precios.
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La investigación sostiene que los fabricantes limitaron turnos de trabajo, frenaron nuevas fábricas e incluso instalaron 87 cámaras de vigilancia en 49 líneas de producción para supervisar el cumplimiento de los límites pactados.
Los fiscales afirman que el acuerdo permitió duplicar aproximadamente el precio de los contenedores entre 2019 y 2021, en pleno colapso de las cadenas de suministro provocado por la pandemia de COVID-19.
Además, las ganancias se dispararon. El segmento de fabricación de contenedores de CIMC pasó de cerca de 19,8 millones de dólares en 2019 a unos 1.750 millones en 2021. En el caso de Singamas, la empresa pasó de pérdidas por 110 millones de dólares en 2019 a beneficios cercanos a 186,8 millones en 2021.
La acusación señala que los ejecutivos coordinaban cuotas de producción para grandes clientes internacionales, incluidas navieras, empresas logísticas y compañías de arrendamiento de contenedores de Estados Unidos, Europa y Asia.
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Las autoridades estadounidenses calificaron el caso como un ataque a la libre competencia y aseguraron que los consumidores terminaron pagando más por bienes esenciales y enfrentando mayores retrasos en las entregas.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para restringir el comercio bajo la Ley Antimonopolio Sherman de Estados Unidos. De ser hallados culpables, podrían recibir hasta 10 años de prisión y multas millonarias. (I)