El A-12 Avenger II nació para ser el avión furtivo definitivo, pero su cancelación en 1991 desató la batalla judicial más larga del Pentágono. Lo que comenzó como un fallo técnico, se transformó en una guerra de más de 20 años sobre dinero y secretos.
La Marina exigió devolver 1.350 millones de dólares por el trabajo no entregado tras anular el contrato. Las empresas se negaron a pagar, iniciando un litigio complejo que llegó a la Corte Suprema por el uso de información clasificada.
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El secretario de Defensa, Dick Cheney, canceló el programa por “incumplimiento” debido a los graves retrasos y sobrecostos del proyecto. Esta decisión administrativa fue crucial, pues obligaba a McDonnell Douglas y General Dynamics a devolver todo el dinero que recibieron por adelantado, indica el portal 1945.
Los contratistas demandaron al gobierno alegando que fallaron porque la Marina ocultó “información superior” necesaria sobre la tecnología furtiva. Argumentaron que era imposible cumplir el contrato sin esa información secreta, lo que convertía la cancelación por incumplimiento en un acto injusto.
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El caso llegó a un punto muerto porque la defensa dependía de secretos de Estado que el gobierno se negaba a revelar en tribunales. La Corte Suprema dictaminó en 2011 que no se podía penalizar a las empresas si la seguridad nacional les impedía usar las pruebas necesarias para defenderse.
La guerra legal terminó en 2014 con un acuerdo donde Boeing y General Dynamics no pagaron en efectivo, sino que entregaron 400 millones de dólares en equipos y servicios. Este pacto cerró el litigio de adquisiciones más largo de la historia, evitando la devolución de los miles de millones que el gobierno exigía originalmente.
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El fracaso del “Dorito Volador”, un ala delta diseñada para ser invisible al radar, cambió para siempre las reglas de compra del Pentágono. Hoy, el caso sirve de advertencia sobre los riesgos de firmar contratos de precio fijo para desarrollar tecnologías experimentales que aún no se dominan.
(I)