La Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el 6 de junio al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas), para que tenga acceso a los sistemas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que contienen los datos confidenciales de millones de personas, reseña ABC.

Este fallo se genera luego de que el gobierno federal pidiera la suspensión tras la decisión de un juez federal en abril de denegar a DOGE el acceso a algunos datos. La Corte Suprema otorgó una solicitud de emergencia de la administración de Trump para levantar la orden judicial, algo que permitió que el caso avanzara a tribunales inferiores.

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Dicha decisión fue celebrada por la Casa Blanca y la SSA como una victoria importante. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, señaló que este resultado permitiría a la administración de Trump “implementar medidas sensatas para eliminar el despilfarro, el fraude y abuso”.

Pese a esto, hubo importantes preocupaciones sobre dicha decisión, el juez Ketanji Brown Jackson, en particular, junto a varios grupos de defensa y los demandantes implicados en el caso contra DOGE y la Administración del Seguro Social se pronunciaron en contra, señala The Mirror.

“Este es un día triste para nuestra democracia y un día aterrador para millones de personas. Este fallo permitirá al presidente Trump y a las filiales de DOGE robar datos personales y privados de los estadounidenses”, declaró la coalición de demandantes.

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La SSA determinará cuál es el monto que recibirá como parte del pago del SSDI. Foto: Captura de imagen de la SSA.

¿Qué implica esta decisión?

Al pedir el número de Seguro Social, la agencia pide a los usuarios que den su lugar y fecha de nacimiento, estatus de ciudadanía, etnia, raza, sexo, número de teléfono y dirección postal. Asimismo, los solicitantes deben dar los nombres y números de Seguro Social de sus padres.

En la demanda se explica que la agencia tiene acceso a otra información personal, con los siguientes datos:

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  • Licencias de conducir e identificación.
  • Información bancaria y de tarjetas de crédito.
  • Certificados de nacimiento y matrimonio.
  • Registros de pensiones.
  • Domicilios particulares y laborales.
  • Registros de pensiones.
  • Domicilios particulares y laborales.
  • Registros escolares.
  • Documentación de inmigración y naturalización.
  • Registros de tribunales de familia.
  • Historial laboral.
  • Historial de salud psicológica y psiquiátrica.
  • Detalles de hospitalización.
  • Registros de tratamiento de adicciones.
  • Registros relacionados con el VIH/SIDA.

Los primeros días de marzo, Democracy Forward, en representación de los demandantes, presentó una demanda alegando que la SSA abandonó “su compromiso de proteger la privacidad” de la información personal sensible de millones de estadounidenses bajo la influencia del DOGE.

Esta demanda asegura que, más allá de tener acceso a información sensible protegida de la SSA, también la hizo pública.

(I)

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