Ciudadanos vs. El Estado: la batalla legal en la Corte Suprema de Estados Unidos que podría cambiar tu pasaporte y tus derechos para siempre

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos clave sobre una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que busca restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento , un principio histórico del sistema legal estadounidense.La medida, firmada en enero de 2025, propone negar la ciudadanía automática a hijos de personas que se encuentren en el país de manera irregular o temporal , lo que ha desatado una batalla legal entre el Gobierno y organizaciones civiles.El caso pone en el centro la interpretación de la 14ª Enmienda, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, salvo excepciones muy limitadas. La discusión gira en torno al alcance del término “jurisdicción”, clave en el texto constitucional.Si este miércoles la Corte, de mayoría conservadora. permite que el decreto de Trump entre en vigor, los futuros bebés nacidos en territorio estadounidense quedarían, en la práctica, sin nacionalidad.Hasta ahora, tribunales inferiores han bloqueado la aplicación de la orden al considerar que “probablemente viola” tanto la Constitución como leyes federales vigentes desde hace décadas. Sin embargo, la decisión final quedará en manos del máximo tribunal.El impacto potencial es amplio. Según estimaciones de centros de investigación, más de 250.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos podrían verse afectado s si la medida entra en vigor.La política forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Trump para endurecer las políticas migratorias, que incluye el aumento de deportaciones y restricciones al asilo.Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles han cuestionado la constitucionalidad de la orden y advierten que representa un intento de reinterpretar de forma radical un principio jurídico consolidado durante más de un siglo.Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que la interpretación tradicional es errónea y que la Constitución no garantiza la ciudadanía automática a hijos de personas sin estatus legal permanente. (I)

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