El conflicto alrededor de las escuelas de fútbol manejadas por Carlos Alberto Juárez —máximo goleador histórico del Club Sport Emelec— continúa escalando.
Tras las acusaciones públicas del exdelantero contra Emilio Pisco, expresidente de las formativas del club, este último ha decidido responder en el ámbito legal.
Pisco, acompañado por sus abogados, Jenny Onzo y Otto Guerrero, aseguró a EL UNIVERSO que se vio “obligado” a presentar una querella por presunto delito de injurias calumniosas contra Juárez debido al “grave daño a su honor y buen nombre”.
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La génesis del conflicto
Juárez y su socio Roberth Aguilar denunciaron que Pisco habría ofrecido en arriendo canchas del complejo Las Vertientes y una supuesta administración del complejo Rocafuerte, además de la dirección nacional de escuelas de fútbol, a cambio de pagos adelantados.
Según sus testimonios, entregaron montos por adelantado para alquileres, torneos y administración, sumando varios miles de dólares, y posteriormente descubrieron que Pisco no tenía facultades para vender lo ofrecido.
Juárez acusó públicamente a Pisco en redes sociales al escribir: “Abusaste de la confianza del club y nos vendiste todo lo que no podías vender. Encima aún no devuelves todo lo que corresponde. Estafador, Emilio Pisco”, publicación que incluyó imágenes de ratas.
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La defensa de Emilio Pisco: “Nunca existió un contrato con Juárez”
Para Pisco y su defensa, las acusaciones carecen de sustento legal. “El denunciado Carlos Alberto Juárez ha proferido descrédito y deshonra en redes sociales, acusando a mi patrocinado de estafador, lo cual constituye una imputación falsa de un delito”, señaló el abogado Otto Guerrero.
El jurista recordó que, “según la Constitución, ninguna persona puede ser declarada culpable sin sentencia”, argumentando que Juárez estaría vulnerando ese principio.
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Además, Pisco y sus abogados sostienen que no existe ningún contrato firmado entre él y Carlos Alberto Juárez ni recibió pagos provenientes del exdelantero.
“El señor Carlos Alberto Juárez no ha firmado un contrato con Emilio Pisco Ramírez ni le ha dado ni un solo centavo”, enfatizó Guerrero.
El convenio sí existió, pero con Roberth Aguilar
Según la defensa, el único documento válido es el firmado entre Pisco y Aguilar, cuando el primero presidía el Polideportivo Rocafuerte. Ese convenio contemplaba:
- Realización de torneos infantiles (como la Copa Sporade).
- Uso de las canchas del complejo Rocafuerte.
- Permisos para escuelas de fútbol a nivel nacional.
- Autogestión de bar, parqueo y cobranzas durante las fechas de torneo.
Pisco aseguró que los torneos se desarrollaron con normalidad “durante varias temporadas” y que Aguilar incluso realizó eventos paralelos —como campeonatos empresariales y torneos de colegios— sin inconvenientes.
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La “orden desde arriba” y el conflicto interno en Emelec
El quiebre, según Pisco, no se dio por incumplimientos suyos, sino por decisiones de la dirigencia eléctrica. “Desde la presidencia se prohibió el ingreso al complejo y se ordenó suspender la Copa Sporade un sábado. Yo no tenía responsabilidad; fue una imposición que vino desde arriba”, afirmó.
El abogado presentó capturas de mensajes enviados por Pisco al presidente azul, Jorge Guzmán Mancilla, solicitando explicaciones por el cierre del polideportivo. “Nunca respondió”, aseguraron.
El expresidente de formativas sostuvo que esa suspensión ocurrió días después de que él criticara públicamente la salida gratuita de varios juveniles del club, lo que habría generado roces con la dirigencia.
Asimismo, negó categóricamente haber sido despedido: “Yo no fui botado. Yo renuncié voluntariamente. Otra cosa que el señor Juárez ha dicho en medios es que a mí me sacaron y eso es falso”.
Pisco afirma haber devuelto $ 12.746
En cuanto a los valores involucrados, Pisco aseguró que el convenio firmado con Roberth Aguilar ascendía a $ 16.700. De ese monto, afirmó haber devuelto $ 12.746, cifra que —según detalló— fue dividida en tres transferencias realizadas a la cuenta personal de Aguilar: una de $ 10.000, otra de $ 2.500 y una final de $ 246.
Los $ 4.200 restantes, indicó, no fueron devueltos porque correspondían al pago por la organización de torneos que sí se llevaron a cabo, incluido el desarrollo de cuatro campeonatos que —según él— justifican la retención. “Se retuvo ese valor porque ya se jugaron cuatro torneos. Todo consta en la denuncia. Yo devolví lo que correspondía”, puntualizó.
Defiende sus facultades como presidente de formativas
Ante las acusaciones de haber ofrecido servicios sin autorización, Pisco respondió que su contrato con Emelec —firmado el 29 de mayo de 2025— lo facultaba plenamente: “Tenía potestad para convenios y autogestión. Si habilité canchas, escuelas o torneos fue porque el contrato me lo permitía”.
Sin embargo, admitió discrepancias con la presidencia: “El presidente me decía que yo no podía elaborar convenios; entonces, yo preguntaba: ‘¿Presidente de qué soy? Si solo puedo pagar sueldos, pero no tomar decisiones…’”.
La querella: Pisco pide cárcel y disculpas públicas
La defensa presentó la querella el pasado 28 de noviembre ante la Unidad Judicial Penal del Albán Borja, en Guayaquil.
El abogado Guerrero explicó que solicitan:
- La pena máxima del artículo 182 del COIP por injurias calumniosas (hasta dos años de prisión).
- Reparación integral, incluyendo disculpas públicas de Juárez en los mismos medios donde emitió sus acusaciones.
“Mi cliente ha sufrido un daño irreparable a su honor”, aseguró el abogado. (D)
