La secretaria de Justicia de Estados Unidos reveló que los directivos de fútbol son acusados de crimen organizado, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, entre otros delitos. Entre ellos nombró al ecuatoriano Luis Chiriboga.

Luis Chiriboga Acosta, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol y quien tiene más de tres décadas de trayectoria como dirigente deportivo, comenzó en el Deportivo Quito. Antes incursionó en política como concejal y diputado.

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En el acta de acusación ante la justicia federal de Brooklyn (Nueva York) con fecha 25 de noviembre del 2015, consta el artículo 182: "Empezando desde o alrededor del año 2009, los miembros del “Grupo de los seis”, como era conocido el bloque por algunos, exigió que ellos también deberían recibir sobornos a cambio de apoyar a T&T como la compañía dueña de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, entre otros torneos".

El empresario argentino Alejandro Burzaco (acusado de dar sobornos y coimas a dirigentes del fútbol sudamericano para conseguir los derechos de mercadeo de torneos) estuvo de acuerdo y comenzó a pagar sobornos de seis cifras a: Juan Ángel Napout, Manuel Burga, Carlos Chávez, Luis Chiriboga y Rafael Esquivel. Luis Bedoya comenzó a recibir sobornos desde 2010; Sergio Jadue, desde 2012 para asegurar el apoyo, dice el documento de 240 páginas elaborado por la Justicia estadounidense, donde se detallan las acusaciones, entre los que

"El nivel de la corrupción del que se les acusa es desmesurado", dijo en un comunicado la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch. "Y el mensaje de este anuncio debe ser claro para todos los culpables que siguen ocultos, con la esperanza de evadir nuestra investigación: no se salvarán".

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El ecuatoriano Luis Chiriboga, de 69 años, que este mismo jueves dijo que no renunciaría, es uno de los pocos dirigentes que permanecían ocupando el cargo desde que salió a luz el escándalo de corrupción del fútbol mundial, el pasado abril.

Delitos
La ley que les será aplicada es la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO.

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Esta normativa federal estadounidense contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos, realizados en una empresa.

La ley RICO define una "empresa" como cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos. Está codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal.

Fue impuesta, según el gobierno de Estados Unidos, a fin de desarticular "organizaciones" ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto.

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Actualmente la ley RICO enumera 29 delitos federales y ocho estatales, entre los que se cuentan juegos de azar, el asesinato, el secuestro, la extorsión, incendio, robo, soborno, el tráfico de material obsceno, malversación, fraude, obstrucción de la Justicia, lavado de dinero, actos de terrorismo.

Quien haya cometido al menos dos de estos 37 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de 25.000 dólares hasta 20 años de prisión.

Toda persona convicta de algunos de estos delitos pierde el derecho a disponer de los fondos, y sus intereses, obtenidos como resultado de esa actividad criminal.

Además, las propiedades de la persona que comete el delito son embargadas por el gobierno de Estados Unidos. (D)