Hidrotambo, un proyecto que genera enfrentamientos

Casos de eventuales desplazamientos en San Pablo de Amalí (Bolívar) están entre los 7 hallados por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. El presidente Rafael Correa lo niega.Han pasado pocos minutos de las 07:00 del 23 de abril último. Un bus de la cooperativa Atenas abre sus puertas en el parque central de Chillanes, provincia de Bolívar. Del interior baja Fermín Galeas, de 76 años, de estatura mediana y vestimenta modesta.Don Fermín, como le dicen en el recinto Vainillas, donde vive, llegó a la ciudad luego de viajar casi dos horas por un camino de tercer orden que sale de la comunidad de San Pablo de Amalí, en la parroquia San José del Tambo, del cantón Chillanes, de donde parte el transporte.Desde hace algunas semanas él cambia sus botas de caucho que usa para arar el campo por zapatos de cuero para ir a Chillanes y averiguar si su propiedad, localizada en el sector de Chontayaco, también en la parroquia San José, mantiene algún proceso de expropiación para la construcción del proyecto hidroeléctrico en San José del Tambo, a cargo de la empresa privada Hidrotambo S.A.Galeas había pedido al Juzgado Séptimo de lo Civil, en Chillanes, que certifique esa situación, pero la secretaría del tribunal solo le confirmó lo que ya sabía: que existe un juicio de expropiación contra varias de sus tierras ubicadas en Vainillas, iniciado en el 2007, y que el proceso se encuentra en apelación en la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.Afuera del Juzgado, Galeas se muestra molesto. Dice que quiere saber con qué autorización, hace pocos meses, entraron máquinas de Hidrotambo a su tierra en Chontayaco; y, además, quién va a responder por los daños ocasionados en su cultivo de boyas (árbol de balsa) y árboles frutales que fueron arrasados por el material que cayó de la parte alta, mientras construían una vía para la hidroeléctrica, según cuenta él.Fermín Galeas quiere demandar por “el abuso”, que también, indica, ha alcanzado a un terreno de su hijo, Danilo, quien tiene más del 50% de discapacidad mental.Elisa Guanulema, otra habitante de la zona, de 73 años, también recibió la visita de maquinaria de Hidrotambo hace mes y medio. Cuenta que ella estaba en su casa cuando empezó a sentir el bramido de los motores. Al salir se encontró con personal de la hidroeléctrica, que ondeaba una sentencia de expropiación que le autorizaba el ingreso a las tierras.Guanulema asegura que jamás pudo ver el documento con el que se declaraban de utilidad pública más de mil metros de largo por 30 metros de ancho de su propiedad. Afirma no entender cómo, sin ella haber firmado algo o sin que le pagaran indemnización, arrasaron con “el ahorro de su vida”.Estos casos, para Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), podrían terminar en ‘desplazamientos’. Esta fue parte de la respuesta que dio el viernes 19 de abril pasado al presidente Rafael Correa, quien le conminó, el 30 de marzo último, a que pruebe qué comunidades han sido desplazadas por proyectos en este Gobierno.Un día después de que Monge diera su rueda de prensa, Correa en su enlace ciudadano 318, desde Valencia, España, afirmó que los siete casos identificados por la Cedhu en las provincias de Manabí, Zamora Chinchipe y Bolívar no pueden calificarse como desplazamientos.Correa dice que los hechos no corresponden a comunidades desplazadas, sino a casos personales, que han recibido, en mayoría, su justa indemnización.El proyecto de generación eléctrica Hidrotambo nace en el 2002, cuando el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (hoy Secretaría del Agua) concesionó las aguas del río Dulcepamba para la generación de 8mW (megavatios) a la Corporación para la Investigación Energética (CIE), que luego se asoció con otras tres empresas privadas (Plasticaucho Industrial, Electrogen e Ingehydro SL) para conformar Hidrotambo S.A., que ejecuta esta obra.Estudios de la Cedhu revelan que la cuenca concesionada baña una extensión de tierras subtropicales de 39.500 hectáreas en las que estarían asentadas más de 70 comunidades.Los casos de los Galeas y Guanulema son calificados por el presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, Manuel Trujillo, como “una muestra” de una “cadena de irregularidades y abusos” que han marcado al proyecto hidroeléctrico desde su inicio.El dirigente afirma que jamás se ha pedido la opinión de las 48 familias de San Pablo sobre la instalación de una hidroeléctrica, más aún cuando esta cambiará la vida de la comunidad, ya que, asegura, se llevará el 90% del caudal de río Dulcepamba y de todas sus vertientes.“En invierno hay mucha agua, pero en verano el río se puede cruzarlo a pie. En esas épocas, si hay con dificultad agua para la hidroeléctrica, no existirá agua para la agricultura, para pescar, para la población... Ahí está nuestro mayor temor”, apunta Trujillo, quien mantiene abierto, desde fines del 2012, junto con Manuela Pacheco, otra comunera, un proceso penal por sabotaje y terrorismo.Un equipo de este Diario buscó la versión de la compañía Hidrotambo S.A. en la parroquia San José del Tambo, pero ahí se informó que los directivos voceros de la compañía estaban en Quito, donde el 25 de abril pasado informaron que en ese momento no había quién se pronunciara. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.Los pobladores de San Pablo recuerdan los ofrecimientos que hizo el entonces candidato presidencial Rafael Correa respecto del tema, en agosto del 2006.Lucila Estrella, de 65 años, afirma que durante una intervención en la plaza central de la comunidad, ya casi a la medianoche, Correa les aseguró que es el pueblo de San Pablo de Amalí el que debe aprobar o no la construcción de la hidroeléctrica.“Solo queremos que el presidente lo recuerde y cumpla su palabra”, dice Estrella.El gobernador de la provincia de Bolívar, Ovidio Bayas, reconoce que ya no es tiempo ni de consultas ni de cancelar el proyecto. Cree que es hora de que la gente entienda que no se busca el mal de nadie, sino el desarrollo de toda la zona.Bayas afirma que al inicio Hidrotambo S.A. no dialogó con la gente y que, en algunos casos, hizo “lo que le dio la gana”. Pero dice que aquello ha cambiado. Aunque agrega que desconoce las quejas de los habitantes de la zona por la falta de indemnización.No obstante, Bayas como respuesta a las críticas atribuye esta oposición a la “manipulación política” y “el financiamiento” de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales (sin identificarlas), las que mediante el ‘engaño’ buscan hacer pensar que en el país no se respetan los derechos de las personas y la naturaleza.Según Bayas, si las hidroeléctricas fueran tan malas como las quieren hacer ver, no existirían juntas parroquiales en Bolívar que piden que se construyan este tipo de proyectos en Salinas, Caluma y Sindiangamarca, en el límite con Cotopaxi.Para Oswaldo Ordóñez, exmiembro del primer grupo de monitoreo ciudadano del proyecto en San José del Tambo, la oposición nace en la desinformación. Está seguro de que si la comunidad analiza la obra no parcializadamente sino en términos globales de lo que podría ganar (carreteras, centros de salud, viviendas, fuentes de trabajo, etcétera), la oposición y los problemas terminarían.Bayas dice que se investigarán las denuncias planteadas por Galeas y Guanulema, y asegura que si la empresa ha incumplido deberá ser sancionada. Además, agrega que la Gobernación hará seguimiento para que el 30% de las utilidades del proyecto llegue a las comunidades cercanas antes de la puesta en operaciones de la obra, algo previsto para octubre del 2013. Indicó que ya se adelantan estudios para entregar en los próximos meses entre 25 y 30 casas en San Pablo de Amalí.

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