Opinión de Rafael Correa pesa en sistema de justicia, analizan exmagistrados

Al menos una decena de causas judiciales en las que el presidente Rafael Correa expresó su criterio terminaron –días o meses después– en un fallo de la justicia favorable a él o coincidente con su punto de vista. Esto, según especialistas y exmagistrados, pone de manifiesto la falta de independencia del sistema actual.

Desde el 2007 el parámetro se repitió en demandas contra los diarios La Hora o EL UNIVERSO; el juzgamiento al dirigente Marcelo Rivera y a los ‘10 de Luluncoto’; la denuncia a los jueces que supuestamente abusaron de la caducidad de la prisión preventiva y a quienes al día siguiente de la queja de Correa se les abrió expedientes.

El debate vuelve a encenderse esta semana luego de la condena al asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) y la revocatoria del dictamen del fiscal que sobreseyó a los 12 alumnos del Instituto Central Técnico.

El presidente indicó el 30 de marzo, dos días después del fallo que dejó en libertad a los jóvenes, que no estaba de acuerdo con la resolución y cuestionó que el fiscal no haya podido probar su participación en las protestas del 22 de febrero. “Yo le mando los videos, las fotos, los testimonios de los policías, para que no le queden dudas de quiénes tiraban piedras”, dijo.

Para la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez de Viteri, hay una “injerencia” abierta y clara del Ejecutivo y el sistema de justicia se ha convertido en un feudo.

“La injerencia se da en virtud de la sabatina, de órdenes, si no ¿por qué está el caso de Cléver Jiménez? Ahora la Asamblea pretende convertirse en encubridora de todo ese intervencionismo...”, indica.

Una muestra de ello, considera la exmagistrada, es la sentencia de la jueza Lucy Blacio contra Jiménez, en la que incluyó –a más de prisión y reparación económica– pedir disculpas públicas a Correa. “¿En qué parte de la ley dice esto?”, agrega.

Vilma Torres, directora del observatorio para el funcionamiento de jueces y fiscales Opta Justicia, asegura que una de las observaciones del informe que presentaron sobre el trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio es que “no existe independencia” de la justicia ni de los jueces y que a eso contribuyen diversos factores.

“Partiendo de quién nombra a los jueces, que es el Consejo de la Judicatura (CJ), y quién nombra a la Judicatura. Todo circula bajo un mismo parámetro”, señala Torres.

Gustavo Medina, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ), coincide. Dice que aún no se aprecian los efectos positivos de la reforma judicial y que los cambios de jueces no demuestran una eficiencia en cuanto “a celeridad y aciertos en las decisiones”.

“Es notoria la falta de autonomía de gestión de los operadores de justicia, que parte del origen de los nombramientos que ha determinado una serie de reclamaciones...”, opina.

Iván Castro Patiño, jurista y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, explica que hay un principio universal de independencia interna y externa en la función de justicia. Este implica que quien administra justicia no puede estar sometido a presiones que provengan de dentro o de otra función del Estado.

En el caso del Central Técnico, considera Castro, si es el Gobierno –a través del Ministerio del Interior– el que sigue la causa, las partes pueden manifestar su criterio respecto de qué resuelve el fiscal. El problema ocurre cuando se hace un prejuzgamiento a través de los medios de comunicación de quién está sujeto al juicio.

“Desde ese punto de vista quien ejerce la Presidencia tiene que tener la debida mesura, tino, para que no sean interpretadas sus opiniones como una presión a la Función Judicial”.

Roberto Gómez Mera, expresidente de la CSJ, respalda su opinión. “Cuando los titulares de los otros poderes del Estado, llámese poder Legislativo o Ejecutivo, opinan con anterioridad o los días sábado o antes de lo que debe ocurrir, se da la impresión de que realmente hay una injerencia”, indica.

De ahí que considera que los representantes de las otras funciones del Estado no deben anticipar criterios ni emitir opiniones respecto de la marcha o resolución de los juicios sino exclusivamente los jueces.

Para el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, en el caso del Central Técnico no existió interferencia en la justicia del jefe del Estado. El 1 de abril dijo que al igual que Correa todos tienen derecho a opinar sobre un caso en concreto.

Ejemplos: Críticas presidenciales
Caso Filanbanco
En el 2010, los conjueces del caso Filanbanco cambian el delito de peculado por falsificación de balances. El 18 de enero, el presidente Rafael Correa pide al Consejo de la Judicatura (CJ) y al fiscal Washington Pesántez investigarlos. El 20 de enero, el fiscal anuncia que pedirá la revocatoria de la providencia y la destitución. El CJ los suspendió.

Caducidad de prisión
El 12 de diciembre del 2010, Correa mostró una lista de los jueces que supuestamente han abusado de la caducidad de la prisión preventiva. Pide al CJ que se los sancione. Un día después se abrieron 23 expedientes administrativos en contra de 56 jueces.

Caso Cofiec
El 9 de noviembre del 2012, Correa visita a los dos únicos detenidos por el préstamo entregado por el banco Cofiec al argentino Gastón Duzac y dice que son inocentes. Ese día en la tarde la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte de Pichincha los liberó.