El Gobierno rechazó el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la situación de Ecuador en el 2012 y anunció que lo denunciará en una cita regional prevista para el próximo 14 de mayo en Cochabamba, Bolivia. Aunque para expertos no existe esa figura, sino solo un reclamo público.
“Esto es una vergüenza, esto es una farsa, un adefesio (...) y tomaremos las medidas que tengamos que tomar, señor Canciller, señor secretario de Comunicación, ante la OEA, ante la propia CIDH, para denunciar estas payasadas, estos adefesios, esto sí es corrupción”, manifestó el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino transmitido desde Valencia, España, que fue parte de su gira por Europa.
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La reacción del mandatario se dio cuatro días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara su informe anual, del que forma parte el de la Relatoría, que dedicó 26 páginas a la situación del país.
En dicho apartado se recogen el asesinato de un periodista gráfico, reformas legales aprobadas y en discusión, procesos judiciales por responsabilidad ulterior, ‘declaraciones estigmatizantes’, agresiones y amenazas contra medios y periodistas, cadenas gubernamentales que interrumpen espacios informativos, trabas al trabajo periodístico, al acceso a funcionarios públicos, así como la afectación de medios de comunicación e incautación de equipos y otras situaciones relevantes.
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“Con este informe, ya perdió todo el respeto esa Relatoría, ya no le podemos creer nada. ¡26 páginas para referirse al caso ecuatoriano! Ya verán los casos de atentado a la libertad de expresión a los cuales se refiere esta supuesta Relatoría, pero nunca habla del abuso de cierta prensa (...), defensa del gremio de los negocios dedicados a la comunicación”, dijo Correa antes de dar paso a un video en el que se trataron otros temas que constan en el informe anual de la Comisión.
Jorge Sosa, catedrático de derechos humanos en la Universidad Católica de Guayaquil, opina que no existe vía jurídica para denunciar el informe. “Lo que pasa es que el Gobierno no está dispuesto a aceptar ninguna crítica sobre violaciones a derechos humanos, pareciera que solo espera informes favorables, lo cual nunca ha ocurrido con ningún país”.
Sosa cree que el presidente “confunde su discurso” ya que a su criterio, “nadie está diciendo que las violaciones son su culpa, se está diciendo que hay problemas que se deben resolver”.
El jurista Santiago Guarderas coincide en que el informe no es contra el Gobierno de turno, sino contra el Estado. Él tampoco ve la posibilidad de denunciar el informe.
“El informe lo que pide es que las autoridades sean tolerantes, pluralistas para que predomine la libertad de expresión. Se recuerda que no se ha eliminado el delito de desacato y se habla de proyectos legislativos que podrían implicar normas que limiten ese derecho”, dice Guarderas, quien cree que el informe “debería ser tomado con seriedad para tomar correctivos necesarios”.
En el enlace pasado también fueron referidas las observaciones que la Relatoría hace al Estado por las críticas del régimen al informe de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre derechos humanos en el país, a la organización Fundamedios y a la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
Y se justificaron las cadenas, que según el informe son “una imposición arbitraria de información” en base al derecho a la réplica. Al final se calificó al informe como “sesgado, interesado, parcializado, deshonesto y hasta falso”.
Tras el pedido del presidente de que se tomen medidas ante el informe, el canciller Ricardo Patiño hizo este anuncio en su cuenta de Twitter @RicardoPatinoEC: “Llevaremos a II Conferencia de Estados Partes de CIDH la denuncia que hizo el @MashiRafael del informe de Relatoría de libertad de expresión”. Y luego escribió que la cita será el 14 de mayo en Cochabamba, Bolivia.
El 22 de marzo pasado, en una asamblea de la Organización de Estados Americanos, el régimen intentó sin éxito incluir reformas que organismos de derechos humanos consideraban polémicas, como limitar el informe anual de la CIDH para que incluya en un mismo espacio los informes de todas las relatorías y no solo la de la libertad de expresión.
Anteriormente el mandatario había dicho que esta respondía a intereses sesgados.
Réplicas oficiales al informe de Relatoría de Libertad de Expresión
Jaime Solórzano
En el enlace se dijo que la denuncia de Solórzano de que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de la Administración y de Comunicación, respectivamente, recibían coimas para permitir el funcionamiento de salas de juegos es “una tamaña mentira”. El 28 de agosto del 2012, él fue sentenciado a tres meses de cárcel por desacato, observación que hace la Relatoría sobre el incumplimiento de despenalizar la ofensa a funcionarios.
Veedores
Sobre los veedores para terminar los contratos de Fabricio Correa con el Estado se mencionó en el enlace que “mintieron, levantaron falso testimonio con un informe fraguado... se inventaron que el presidente sí conocía de los contratos (de su hermano)”. Ellos: Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quishpe, irán a audiencia el próximo viernes, acusados por Rafael Correa de falso testimonio y perjurio.
La Hora
En el enlace sabatino no se aceptó como “expresiones críticas” (como las observa la Relatoría) que el periódico haya informado que $ 71 millones se gasta en propaganda oficial. Se añadió que como la nota no tuvo fundamento el diario no pudo sustentarla y debió rectificar. El 14 de noviembre pasado La Hora informó que “cedió a la orden judicial para publicar la versión del Gobierno” del monto de publicidad que habría sido de $ 12 millones.
El Comercio
“El Ejecutivo pidió un mínimo filtro en los comentarios. Los relatores están preocupados por la intención de iniciar investigaciones penales, pero no por la inmundicia que se escribía en sus páginas”, se dijo el sábado. La Relatoría se refiere a ese hecho y también al 7 de enero del 2012, cuando en el enlace se hizo alusión a la supuesta animadversión del diario contra Eloy Alfaro, lo que provocó mensajes contra el rotativo.
Teleamazonas
La Relatoría observa que el presidente haya dicho que un reportaje de este canal donde se investigaban supuestas operaciones de inteligencia paralelas en el régimen y una supuesta red de espionaje en un ministerio era una gran mentira. Esto fue cuestionado por el Gobierno, que argumentó que el informe “no dice nada del reconocimiento de la mentira por parte del propio canal”. La Relatoría, en efecto, no se pronuncia sobre la rectificación.