Álvaro Noboa está en Miami, SRI no sabe cómo viajó

Álvaro Noboa, excandidato presidencial y principal del Grupo Noboa, confirmó ayer, en una videoconferencia vía Skype, que se encuentra en Miami, luego de que la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Yvonne Hernández, le concediera una acción de protección, que levantó la prohibición de salida que pesaba contra él.

A través de una pantalla instalada en Industrial Molinera, el empresario mostró la sentencia notarizada, que dijo fue avalada por Migración a través de un sello. “Ninguna autoridad está por encima de la ley y una sentencia tiene que ser ejecutoriada y obedecida por todas las autoridades... Ningún ministro, empleado público, agente de la ley puede contradecir una sentencia”, señaló el empresario.

También aseguró que saldrá y regresará del país las veces que considere necesarias.

Noboa dijo que acudirán a instancias internacionales. “El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha impedido que litiguemos en Ecuador. Pagaremos cuando un juez nos ordene pagar, no un empleado público”.

El SRI exige un pago de $ 102 millones por faltas tributarias en el 2005. La deuda es mayor si se consideran otros años y lo actuado por todo el grupo.

El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, en entrevista en un canal oficialista, calificó como un hecho sin precedentes que la jueza haya otorgado un “habeas corpus” a Noboa, ya que esta figura procede cuando se ha perdido la libertad, lo que no había sucedido con Noboa.

El funcionario defendió la aplicación de medidas cautelares al empresario de acuerdo con el artículo 164 del Código Tributario.

Y recordó que el artículo 248 de la Constitución dice que se pueden levantar esas medidas cuando se haya caucionado, afianzado o garantizado el 100% del valor que se está impugnando. Pero en el caso de Noboa este hecho no ha ocurrido, por lo cual la actuación de la jueza no tiene explicación.

De otro lado, Carrasco dijo no conocer cómo Noboa salió del país, pero consideró que habría violado la orden de arraigo, lo cual significa que habría cometido el delito de desacato.

Sostuvo que el SRI trabaja en realizar el cobro inmediato de la deuda, por lo que se subastarán los bienes embargados que existen (un predio de 1.460 ha, en el cantón Playas Villamil, vehículos, naves aéreas y marítimas) y que estarían avaluados en una cantidad mayor a $ 100 millones. Y que el Consejo de la Judicatura ya procedió a suspender a la jueza. Además esta semana, el SRI presentará una acción penal por presunto prevaricato.

Mientras que Noboa lamentó que el SRI quiera interponer una acción penal contra Hernández. “Quiero ver si el país va a seguir metiendo presos a jueces, porque si es así, no hay seguridad jurídica”.