Cuando Víctor Túqueres se convirtió en avalista del piso que su hija compró por 285.000 euros en Madrid tenía 60 años y carecía de un permiso de residencia en España. El único documento que le solicitó la entidad bancaria que otorgó el préstamo fue su pasaporte.
Historias como la de este inmigrante oriundo de Guaranda ponen rostro a las irregularidades que cometieron bancos y cajas al conceder créditos en épocas de bonanza. Son testimonios que se escuchan a diario en la acampada que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) mantiene a los pies de una de esas instituciones financieras, Bankia. “Dormiré en tu puerta si me quitas la casa” reza uno de los carteles que tapizan sus ventanas. Y, ahí están, decenas de personas que han perdido sus viviendas pernoctando sobre el asfalto en pleno invierno a la espera de una solución. A su alrededor, sacos de dormir, colchones, carbón, comida. A unos metros, un par de policías atentos a sus movimientos.
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La vigilia inició el pasado 22 de octubre y no hay fecha para su desmantelamiento. Los domingos, en asamblea, desahuciados y algunos a punto de serlo se organizan por turnos. Túqueres, en desempleo, acude durante las tardes. “Excepto los fines de semana”, se apresura a aclarar. Está en paro y los sábados y domingos vende bebidas en las canchas de fútbol. “Un buen día se gana 30 euros”, asegura. Son sus únicos ingresos.
El lojano Hernán Rodríguez es, también, uno de los habituales de la plaza de Celenque, a unos metros de la Puerta de Sol, donde se ha instalado la acampada. Dejó de pagar la hipoteca hace cinco meses. Intentó negociar con el banco para conseguir la dación en pago (entregar el inmueble y saldar la deuda) y tropezó, como muchos, con un “no” como respuesta.
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Su reivindicación es una de las propuestas que defiende la PAH con carácter retroactivo así como la paralización de todos los desahucios y la aprobación de alquileres sociales de todas las viviendas vacías en poder de los bancos. En definitiva, una reforma de la Ley Hipotecaria que el Gobierno se niega a aceptar y que cerca de 750.000 personas demandan. La Plataforma recopiló este número de firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso debata las medidas propuestas. La normativa estipula que se requieren, como mínimo, medio millón para que se admita a trámite pero esto puede demorarse más de un año.
La advertencia de los dirigentes de la PAH es clara ante lo que ellos denominan “auténtico clamor popular”: “si no nos hacen caso los políticos sentirán el aliento de los ciudadanos en el cogote; no somos violentos pero les seguiremos en sus domicilios, en sus puestos de trabajo; vamos a señalar a los diputados día y noche, en sus barrios, en sus trabajos, en sus círculos familiares”. Con estas palabras, Ada Colau, representante de la plataforma en Barcelona, anunciaba días atrás nuevas iniciativas de presión ante el imparable crecimiento de los desalojos.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero y septiembre de 2012, se contabilizaron 49.702 desahucios. Es decir, un 15,9 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2011. Cifra récord. La PAH paralizó 520.
La representante considera que los decretos adoptados por el Ejecutivo “han llegado muy tarde y de forma totalmente limitada ya que excluye a la inmensa mayoría”. Los próximos dos meses son vitales. Está en marcha la tramitación parlamentaria del proyecto de la ley antidesahucios y, desde la óptica de Colau, es posible introducir cambios.
El 5 de febrero esperan que les reciban los grupos parlamentarios para hacerles entrega de su pliego de peticiones. Once días después, el sábado 16, se han convocado manifestaciones en diferentes ciudades de España para marcar, subraya, “el inicio de una nueva fase donde se va a acabar la impunidad”.