Consejo dio millonario contrato a compañía de $ 800 de capital

Una empresa con un capital de $ 800 y utilidades de $ 100 mil en los dos últimos años recibió del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), un millonario contrato para la construcción de un complejo judicial en el km 8,5 de la vía a Daule.El CJT –integrado por Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, afines al Gobierno– entregó la contratación de la obra por $ 34,7 millones a la compañía Alessmart.El representante legal de la Judicatura y asesor 2 de la Presidencia de la República en el 2011, Mauricio Jaramillo Velasteguí, cerró la negociación en menos de una semana, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del 2011. En ese lapso invitó a la compañía, esperó que esta desarrollara y presentara la propuesta económica y técnica, la revisó y la declaró como ganadora, un procedimiento que se contempla dentro del régimen de emergencia.Así, el contrato se firmó el 16 de diciembre del 2011 entre Jaramillo y el gerente de Alessmart, John Martínez Zambrano. EL UNIVERSO intentó contactar a ambos, pero ninguno confirmó una entrevista.A Jaramillo se le solicitó, a inicios de año, información sobre los contratos de la Judicatura, pero respondió que solo se publicarían los datos cuando la Judicatura levante el estado de emergencia. También se lo llamó la semana pasada para entrevistarlo, pero no respondió su celular. El director administrativo de Alessmart, Pablo Pinillos, se comprometió a facilitar una entrevista con Martínez, pero esta no se concretó.Según el contrato, la Judicatura tenía que entregar a Alessmart, en diciembre pasado, un anticipo por $ 21 millones para el inicio de los trabajos, que debían concluirse en un plazo de 210 días (unos 7 meses, es decir, en julio del 2012).La compañía comenzó la obra con retraso, lo hizo recién en marzo pasado.“Tuvimos problemas con el suelo, tuvimos que volar 9 metros de suelo, esto es un cerro...”, justificó Martínez durante el recorrido que organizó el CJT el 22 de mayo pasado, para mostrarle al presidente de la República, Rafael Correa, los avances de los trabajos.El mismo mandatario criticó la demora. “Yo pensé que estaba más avanzado”, le dijo a Martínez, quien le prometía que para las pasadas fiestas de julio ya tendrían las estructuras levantadas. “Estamos dentro del cronograma, nuestro plazo concluye el 20 de diciembre”, señaló ese día el contratista a este Diario, pese a que desde marzo en que se iniciaron los trabajos ya han transcurrido los 210 días que señala el contrato. La compañía no ha confirmado si para esa fecha se entregará la obra.Por la emergencia, declarada por Correa, la Judicatura invitó directamente a Alessmart y le asignó los trabajos.No obstante, el día que el presidente recorrió la obra el contratista dijo a este Diario que había ganado la contratación tras una licitación en el portal de Compras Públicas.Martínez ha sido socio de la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, en proyectos privados de construcción, tal como ella lo reconoció en una entrevista a este Diario en enero del 2009.En el 2008, cuando Duarte estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Martínez era contratista de esa dependencia en la cooperativa Seis de Diciembre en Chone (Manabí).En junio de ese año, según notas de prensa, los beneficiarios de un complejo de viviendas en esa cooperativa señalaron que el contratista Martínez había dejado abandonada una obra y amenazaron con tomarse sus casas.La constructora de Martínez ha realizado trabajos para el Municipio de Guayaquil (Mucho Lote), para el Ministerio de Educación, la Fuerza Aérea Ecuatorian o la ex-Comisión de Tránsito del Guayas.También construyó en el 2008 la sede de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, obra valorada en unos $ 1,2 millones.Esa construcción enfrentó en el 2009 problemas técnicos que motivaron que en febrero del 2010, el entonces director de la Corporación, Roberto Ricaurte, declarara el estado de emergencia para contratar a otra empresa que resuelva las fallas de infraestructura.Alessmart no figura como contratista incumplida ni registra procesos judiciales en su contra. En cambio, su gerente, John Martínez, enfrentó en el 2009 una denuncia por estafa y que fue desestimada –alegando un “obstáculo insubsanable para el desarrollo del proceso”– por el entonces fiscal Fernando Yávar Umpiérrez, actual vocal del Consejo de la Judicatura. SITUACIÓN SOCIETARIA La empresa Alessmart se creó en el 2000. Su capital inicial de $ 800 no ha sido incrementado hasta ahora, según información de la Superintendencia de Compañías. Sus accionistas son los hermanos John y Patricia Martínez y sus padres Felipe Martínez y Carlota Zambrano.Alessmart reportó el año pasado ganancias por $ 84 mil, y en el 2010, $ 18 mil.Su pago de Impuesto a la Renta fue de $ 17.131,74 en el 2011 y de $ 4.026,29 en el 2010.Desde que recibió el contrato de $ 34,7 millones, su situación ha cambiado. Tiene nuevos teléfonos y oficinas. La antigua sede en la ciudadela Samanes 6, de propiedad de John Martínez, donde funcionó la empresa por años y la que señaló como su domicilio legal en el contrato con la Judicatura, ya no es el único predio de la compañía.El 11 de junio pasado, Alessmart registró a su nombre cuatro nuevas propiedades en un edificio de oficinas de la urbanización Ciudad Colón, que comprenden dos predios en el segundo piso y dos estacionamientos en el subsuelo.

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