Construcción de hidroeléctrica enfrenta a comuneros y empresa

SAN PABLO DE AMALÍ, Bolívar.- En constante zozobra dicen vivir los habitantes de San Pablo de Amalí, un recinto de la zona subtropical poblado por al menos 30 familias. Su modo de vida cambió hace casi una década. Desde el 2003 en el lugar se pretende ejecutar un proyecto hidroeléctrico que implica el uso de aguas del río Dulcepamba, que atraviesa este poblado tras unirse con otro caudal.

Quienes rechazan el proyecto ejecutado por la compañía privada Hidrotambo S.A., y denominado San José de Tambo por ubicarse en la parroquia del mismo nombre, en el cantón Chillanes, aducen que el río es útil para sus sembríos y que sin agua no podrían vivir.

Durante esos años han manifestado su resistencia y los resultados fueron enfrentamientos entre comuneros y fuerza pública, los cuales dejaron varios heridos, según consta en denuncias públicas y documentos audiovisuales.

El Estado, desde el 2003, autorizó que en ese sector se construyera el proyecto hidroeléctrico. Ese año, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (hoy Secretaría del Agua) dio la concesión de las aguas del río a la Corporación para la Investigación Energética (CIE), una de las firmas que conforman la compañía Hidrotambo S.A.

Para entonces, del río se le concedía a la CIE 1,96 m³ por segundo en época seca y 5,4 m³ por segundo en hidrología húmeda, y se reservaba el caudal de 860 litros por segundo (0,86 m³) para la conservación de la flora y la fauna del sector.

Hidrotambo aparece en el 2005 en un contrato de permiso para autogeneración y venta de excedentes, que firmó el 12 de septiembre de ese año en conjunto con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), con el propósito de generar 8 MW (megavatios) de energía eléctrica y venderla al Estado.

No obstante, en septiembre del 2008, la empresa informó al Conelec que no podía continuar con la construcción “ante la negativa del contratista (el Cuerpo de Ingenieros del Ejército) de entregar la obra”, por lo que solicitó al Conelec terminar el contrato, lo que fue aceptado en agosto del 2011.

Según un informe, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió una orden del Ministerio de Defensa para suspender los trabajos, “para prevenir una posible confrontación con un grupo de opositores al proyecto”. Como consecuencia, la construcción del proyecto estuvo paralizada por cerca de tres años.

También hay cambios en las cláusulas. El Conelec establece que Hidrotambo es “propietario absoluto de la energía que produzca la futura central de generación”. Con esto, en el lugar, los trabajos siguen: se han removido tierras para el paso de tuberías y se han construido alcantarillas, cunetas y drenajes.

Quienes se oponen al proyecto denuncian ser víctimas de amenazas por parte de empleados de la empresa y de intimidación de la fuerza pública, también de una supuesta incursión y destrucción a sus propiedades. Además, una orden de prisión pesa sobre Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, dirigentes del recinto, aunque ambos ya apelaron ese dictamen.

En el lugar hay temor, no solo por las confrontaciones con miembros de la fuerza pública, sino además por la posibilidad de perder sus tierras.

Según el contrato, la empresa tiene carta abierta para incrementar la capacidad de sus instalaciones, para lo cual deberá presentar estudios de impacto ambiental, autorización para uso del agua y el cronograma de ejecución. Además, puede construir y operar, como propietaria, sistemas de agua potable y de aguas servidas.

“Nosotros vivíamos en pobreza, pero en paz. Lo único que queremos es que se vaya Hidrotambo y deje nuestras aguas, sin ellas es imposible vivir”, dice Rosa Zapata, madre de Pacheco. Ramiro Gordillo, representante de Hidrotambo, señala que las aguas de este río –cuyo caudal, sostiene, es de 6,5 m³ por segundo– no se las pueden utilizar ni para riego ni para consumo humano. “Esa agua no es apta para el consumo por el nivel de contaminación que tiene”, apunta el delegado.

Asegura, no obstante, que el agua que se tome de un lado del río será devuelta en forma total al mismo río luego de que el líquido pase por las turbinas.

El miércoles 14 de noviembre, unos 40 comuneros, cuya mayoría pide la reserva de sus nombres para “evitar más abusos”, recuerdan que desde el 2007 las medidas que tomaron fueron reprimidas en varias ocasiones por uniformados.

Cuentan que el 11 de julio y el 30 de octubre de este año se repitieron esos enfrentamientos.

Una de las habitantes afirma que en la última protesta fue arrastrada por un grupo de cinco uniformados. “Mis padres, que son de la tercera edad, trataban de ayudarme, pero también les pegaron”, expresa.

“Nosotros ya no podemos ni siquiera ir al río, coger agua, pescar, bañarnos, porque los militares nos persiguen desde el otro lado del río”, dice Martha Cobos, otra habitante.

Todos acusan al gobernador de la provincia, Ovidio Bayas, de ordenar las represiones. Él lo niega. “Desde que asumí (hace un año siete meses) he buscado permanentemente el diálogo. Yo he estado ahí, pero los compañeros nunca quisieron entender. He sido demasiado recíproco, he negociado, he conversado, mas no podemos parar (el proyecto) por una decisión de cuatro o siete”, expresa.

Aunque el funcionario refiere que los enfrentamientos fueron entre el 2003 y el 2004, en el documental Represados, producido por Acción Ecológica, se muestra la lucha entre pobladores y fuerza pública entre el 11 y 28 de febrero del 2007. También se muestra el uso de bombas lacrimógenas y balas de perdigón. Comuneros quedaron heridos.

En el video también se recogen las versiones del presidente Rafael Correa cuando llegó a San Pablo de Amalí, en el 2006, como candidato. Entonces prometió que en su gobierno no se iba a permitir la privatización del agua y afirmó que en el caso de Hidrotambo se iba a consultar al pueblo si quería o no una hidroeléctrica.

Este rechazo a proyectos hidroeléctricos también se ha dado en otros sitios del país, como en El Topo, Tungurahua; y en La Maná, Cotopaxi. Pero en San Pablo está vigente. En las paredes y postes del recinto cuelgan carteles que expresan el rechazo al proyecto. Se lee, por ejemplo: “Campesinos organizados en defensa de nuestros territorios. No al extractivismo”.

Carmen Guanulema, dueña de 20 cuadras, denuncia que el 11 de julio pasado maquinaria pesada arrasó con parte de sus plantaciones porque, supuestamente, le comunicaron que ahí estará una tubería que dejará pasar agua desde un reservorio colocado en la montaña.

Denuncias como estas constan en la Fiscalía de Chillanes y en la Policía. Fermín Galeas dice que presentó una demanda hace tres meses por un caso similar al de Guanulema.

Bayas afirma que “jamás estarán en contra del pueblo” y que el proceso que cumple Hidrotambo es legal. Pero Gordillo lamenta que “unos 15 o 20 habitantes” quieran paralizar el proyecto. Niega que hayan habido heridos. “Aquí la razón no es ideológica, sino generar energía limpia para mejorar la matriz energética del país”.

En tanto, este Diario solicitó el 15 de noviembre la versión del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al que se adjunta el Conelec, pero este no se pronunció hasta el viernes.