La banca ética y responsable sí existe y sí sirve

Reflexiones y propuestas |

Cuando la banca actúa responsable y éticamente se transforma en el principal motor de desarrollo y progreso de cualquier país. Pero también puede ser la principal amenaza para la estabilidad política, económica y social cuando los intereses particulares o la demagogia estatal se imponen al interés general de la sociedad.

La responsabilidad de la banca y banqueros se evidencia a través de la adecuada administración de los recursos de sus depositantes, asegurando que no se los utilice ni para beneficiar indebidamente a aquellos intereses particulares de “vinculados” a los bancos (administradores, accionistas, etcétera), pero tampoco para servir a intereses demagógicos del gobierno de turno, direccionando los recursos únicamente a aquellos proyectos que generan ventajas políticas temporales a costa de poner en riesgo los depósitos del público y la estabilidad económica del país.

El Ecuador de la crisis financiera de 1999 sufrió pública, directa y dramáticamente las consecuencias del abuso de los créditos vinculados por parte de los banqueros privados, mientras que el segundo caso, aunque de forma más solapada, fue la constante durante los años ochenta, cuando las políticas de los gobiernos de turno, concentradas en dirigir el crédito, generaron la denominada “década perdida”, caracterizada por una crónica inestabilidad económica, alta inflación, una incertidumbre permanente, un salvataje bancario encubierto (la sucretización) y otras medidas que le generaron grandes pérdidas al Banco Central e inflación crónica para el país.

La ética financiera que muchos dudan que exista sobre todo estos días se evidencia cuando los banqueros utilizan el inmenso poder que les da el manejo de la acumulación de los depósitos del público para asegurar que realmente se inviertan en los proyectos transparentes y más beneficiosos para la sociedad en su conjunto, esto es, en aquellos que son sostenibles económicamente y sustentables social y ambientalmente. La multiplicación de los beneficios para la sociedad en este caso es innegable.

La transparencia en la forma de invertir estos recursos permite que pequeños y grandes depositantes, así como los mismos reguladores, puedan medir adecuadamente el riesgo que esas instituciones asumen con recursos ajenos. Pero también permite verificar que los accionistas de esas instituciones reciban una utilidad proporcional y razonable, en función a la calidad del servicio que prestan a la sociedad.

Cuando la transparencia se impone en los préstamos e inversiones de las instituciones financieras, se evita que casos como los detectados en el Banco Cofiec o los que se vieron durante la crisis del 99 terminen no solo desestabilizando a un banco particular, sino a la sociedad en su conjunto, sea por el riesgo de una crisis sistémica o por los riesgos sociales que se generan por ineficiencia en la inversión de esos recursos. Estas “fallas del mercado” evidentemente son cruciales y pueden detener el progreso de una sociedad e incrementar la desigualdad económica e inequidad social lo que justifica plenamente la existencia de reguladores y supervisores financieros eficientes. Ningún país del mundo ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes sin asegurar que los servicios financieros cumplan con su función de responsabilidad social y actúen éticamente. Basta ver el caso de Chile luego de su crisis financiera de principios de los años ochenta o del propio Estados Unidos luego de la gran depresión de la década del treinta.

Todo esto se distorsiona cuando el mismo Estado, que es el obligado a regular eficientemente a estas instituciones que prestan un servicio “cuasi” público, cumple ineficientemente con su función convirtiéndose en cómplice de banqueros irresponsables o no éticos (incluyendo aquellos que administran los bancos públicos) o abusa de su poder de regulación imponiendo reglas irracionales que cumplen meros objetivos demagógicos y electoreros de efectos inmediatos. Un gran ejemplo de esto lo estamos viendo estos días, en medio de las disputas que pocos entienden, entre la banca y el Gobierno, pero que arriesgan mucho más que el bolsillo de los accionistas de los bancos, como lo está presentando el Gobierno.

Ni la crisis encubierta de los años ochenta ni la pública y notoria de los años noventa han acabado de enseñar al país los peligros que acarrea la irresponsable utilización de la banca como caja chica de los gobiernos o de los empresarios privados, tal y como la “tirante” relación entre la banca y el Gobierno de estos últimos años lo demuestra. En la práctica, tanto la banca como el Gobierno se han hecho de la vista gorda mientras las medidas gubernamentales han convenido a sus intereses particulares, pero poco se piensa en la responsabilidad social que ambas partes tienen frente a la sociedad para impulsar el verdadero salto entre seguir manteniendo las características de un paisaje tercermundista a construir una sociedad equitativa, social y ambientalmente responsable con un modelo económico racional que pueda ser sostenido en el tiempo.

El tiempo y las inevitables consecuencias de la irracionalidad, irresponsabilidad y falta de ética pasarán más temprano que tarde la factura en costo político y de imagen profesional, tal y como lo hemos visto en el Ecuador durante los últimos 20 años. El problema mayor es que esta factura complica cada vez más la supervivencia de un país enredado en esta permanente tirantez entre intereses políticos inmorales y apetencias económicas insaciables.

*Abogada financiera