Tres meses y medio han transcurrido desde que miles de ciudadanos empezaron a denunciar que sus firmas habían sido falsificadas y que constaban en alguna agrupación política sin su consentimiento, pero aún no hay responsables sentenciados por la justicia.
La Fiscalía investiga desde varios frentes y presume de la comisión de múltiples delitos.
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Y destaca como parte de los avances que doce sospechosos están procesados, diez de ellos con prisión preventiva.
También que 113.954 rúbricas fueron removidas del sistema electoral, luego de las respectivas pericias grafológicas.
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Pero las personas que presentaron sus reclamos no pueden verificar si continúan en los registros de algún partido o movimiento, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) desactivó el servicio de su portal web hace más de un mes.
El link Consulta tu afiliación o adhesión a una organización política, de la página web http://www.cne.gob.ec, exhibe el mensaje: “Actualizando... información en reprocesamiento”.
El pasado 27 de julio, esta dirección permitió que miles se enteraran sobre la adulteración de sus identidades porque –ese día– el propio Consejo la divulgó y promovió en Twitter.
El impedimento digital motivó a un usuario de esa red social a corroborar su situación en el portal http://www.datoseguro.gob.ec, que converge la información de varias instituciones estatales.
Un bloggero identificado como Iván, con la cuenta en Twitter @ivanstalyn, constató que se mantenía en Alianza PAIS (AP), por lo que comentó: “Sigo registrado como adherente a Alianza Pais luego de revisión d firmas del CNE. Conclusión: SERVILES”.
El organismo electoral finalizó el mes anterior el reprocesamiento de las fichas entregadas por las organizaciones políticas, tras el escándalo de las falsificaciones; el 18 de octubre convocó a elecciones para febrero del 2013 y el próximo jueves 15 cerrará la fase de inscripción de las candidaturas.
Entonces, algunos dirigentes podrían enfrentar complicaciones, según advierte el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP) Gilmar Gutiérrez.
Él sospecha que el CNE solo depuró ciertos nombres para “tapar el escándalo”, como fue el caso del secretario del partido, Juan Carlos Rodríguez, quien aparecía como adherente de AP, pero ya no.
El candidato a la presidencia por la alianza MPD-PK, Alberto Acosta, consta en el movimiento Sociedad Unidad Más Acción (SUMA) y espera no tener problemas el próximo martes, cuando registre su postulación, debido a que puso la denuncia en la Fiscalía y el pedido de anulación en el CNE.
“Yo ya cumplí el trámite y automáticamente tienen que desafiliarme. Los responsables son los del CNE, ya sabemos quiénes son; no han demostrado ni capacidad ni independencia”, reprueba Acosta.
El reglamento de inscripción emitido por el Consejo prohíbe la postulación de los afiliados o adheridos a partidos o movimientos políticos, en su orden, diferentes al que auspicia su candidatura, “a menos que hubiesen renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre del periodo de inscripción de candidaturas o cuenten con la autorización expresa de la organización política a la que pertenecen”.
El jurista Xavier Zavala Egas, quien fue el primero en interponer un reclamo formal, lamenta la falta de transparencia por parte de la Fiscalía y del CNE.
Él opina que aunque la primera institución debe notificar a las partes sobre las investigaciones, la responsable de todo durante el actual periodo electoral es la segunda.
Pero el organismo del sufragio marca distancia y argumenta que el esclarecimiento del ilícito compete a la Fiscalía.
Además, el director de la Delegación en Guayas, Efrén Roca, dice desconocer por qué el portal del CNE mantiene desactivada la opción para que las personas constaten su pertenencia a una agrupación político. “Todo se maneja en Quito, no podemos hacer nada”.
Lo que se sabe
Procesados
La Fiscalía ha pedido la prisión preventiva en contra de doce personas por el supuesto delito de uso doloso de documentos públicos, que indaga por el caso de las firmas falsas.
Diez están recluidos con fines investigativos y dos son testigos protegidos de la institución, debido a que se entregaron de manera voluntaria y “están colaborando”, dijo uno de los fiscales que maneja el tema, Fabián Salazar Sánchez.
Él presume de una pluralidad de delitos: informático, uso doloso de documento, falsificación de firmas y asociación ilícita.
Salazar arrancó sus indagaciones a fines de julio y el pasado martes abrió una instrucción fiscal.
Denuncias
La Fiscalía investiga las denuncias relacionadas con los casos de firmas falsas desde varios frentes.
No hay un número global de reclamos, pero se estima que superan los 1.700, toda vez que solo en la Unidad de Soluciones Rápidas Nº 1 del Guayas han ingresado 1.667, pero están en indagación previa.
Lo mismo ocurre en la Unidad de Delitos contra las Personas, donde no hay una cuantificación porque no hay indicios de responsables.
En cambio, los fiscales de Pichincha, Fabián Salazar Sánchez, y del Guayas (e), Paúl Ponce, han avanzado más en sus respectivos casos, que se manejan por separado, y han abierto instrucciones fiscales.