El supuesto mal uso de la central de Radio Patrulla durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 dio paso al inicio de la instrucción fiscal en contra de 17 policías, a quienes se acusa del delito de incitar a la rebelión. La sanción prevista para esa figura penal es la reclusión de entre tres a nueve años, según la gravedad.
Los imputados son Mónica Guapi, Gladys Charro, Patricia Santillán, Jorge Gómez, Jimena Chicaiza, Juan Cuadrado, Elsa Alvarado, María Cuellar, Ángel Ruiz, Jaime Guamán, Marco Sánchez, Ángel Ron, Édison Pucuna, Mónica Mayorga, Kléber Martínez, Milton Hinojosa y Jéssica Velasco.
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El inicio de la fase investigativa, que tiene una duración de 90 días, comenzó ayer luego de la audiencia de formulación de cargos, que convocó el juez sexto de Garantías Penales, Franz Valverde. Las investigaciones del caso están a cargo del fiscal Gustavo Benítez desde el 2011.
Durante la diligencia, Benítez acusó a los 17 policías de permitir el uso de Radio Patrulla por parte de personas que no trabajaban en esa entidad.
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Según las investigaciones de la Fiscalía, un policía encapuchado y el teniente Ángel Ron manipularon el servicio y abrieron las comunicaciones con el propósito de que los actos de incitación a la rebelión trasciendan a nivel nacional.
Benítez concluyó que la suspensión del servicio policial que se alentaba desde la Central de Radio generó inseguridad, saqueos, insubordinación y las muertes de los policías Froilán Jiménez, Edwin Calderón y del estudiante universitario Juan Pablo Bolaños.
A esto se sumó, agregó el fiscal, el hecho de que los bomberos reconocieron a las personas que manipularon la información a través de las ondas radiales, pese a lo cual los uniformados que trabajaban en el lugar se abstuvieron de informar el hecho o de impedir la irregularidad. Contrariamente, en sus testimonios, ellos aseguraron que no se registraron novedades el 30 de septiembre.
Para garantizar la presentación en el juicio, el juez acogió el pedido del fiscal para que apliquen medidas sustitutivas a la orden de prisión preventiva. Estas son la presentación quincenal al juzgado y la prohibición de enajenar bienes y abandonar el país.