Gobierno argentino da hasta el 7 de diciembre para que Grupo Clarín se desprenda de medios

El organismo que regula los servicios de comunicación audiovisual advirtió que el 7 de diciembre es la fecha tope para que el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, presente un plan de desinversión para reducir su tamaño o de lo contrario serán concursadas las licencias de explotación de señales en las que está excedido.

Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), señaló el miércoles a corresponsales extranjeros que el 'Grupo Clarín' es el único conglomerado de medios que desconoce a ese organismo y se niega a cumplir la ley para desprenderse de su excedente de licencias, mientras que el resto de los 20 grupos que sobrepasan la dimensión requerida "han expresado su voluntad de hacerlo".

Sabbatella dijo que "el gobierno no viene a expropiar ningún medio" pero sí a hacer cumplir la ley de medios sancionada en el 2009 "para que no haya concentraciones mediáticas que lesionen la libertad de expresión". El funcionario aseguró que el gobierno no tiene a Clarín como enemigo y que el objetivo es que todas las empresas cumplan la norma, que en su artículo 161 estableció un año para poner fin a supuestas situaciones monopólicas.

Asimismo subrayó que si algún grupo que esté obligado a desinvertir no lo hace antes del 7 de diciembre, al día siguiente la AFSCA puede "actuar de oficio, garantizando el servicio" para lo cual pondrá en concurso las licencias que excedan el número permitido. La ley establece para las empresas periodísticas un límite de control de 35% del mercado audiovisual y fija un tope de 10 licencias de aire y 24 de cable.

El Grupo Clarín rechaza el artículo 161 de la ley de medios que contempla el desprendimiento de licencias no permitidas, al que considera inconstitucional.

A su pedido, una medida cautelar de un juez suspendió su aplicación mientras se decide sobre su constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia estableció que el 7 de diciembre vencerá el plazo de vigencia de la medida cautelar.

Según Sabbatella esto significa que hay vía libre a que los grupos presenten sus planes de desinversión. "No está definida la cuestión de fondo (sobre la inconstitucionalidad), pero la Corte puso fecha límite a la cautelar ya que no hay riesgo a que se vulnere la libertad de expresión", indicó.

Pero el gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, sostuvo que Clarín "no tiene que presentar nada porque el artículo 161 está totalmente suspendido y si para el 7 de diciembre no estuviera resuelto el juicio de fondo" referido a su supuesta inconstitucionalidad "la propia Corte estableció que se puede pedir una prórroga de la cautelar".

Agregó que "el artículo 161 desconoce retroactivamente licencias vigentes y otorgadas por el mismo Estado, por lo que resulta manifiestamente inconstitucional".

Según Sabbatella, hay 5.000 licencias en el país y 4.500 de ellas están en manos de 2.500 titulares que cumplen la norma, mientras 500 son de 20 grupos que se exceden en lo que fija la ley. De esas 500 licencias, señaló, más de 240 son de Clarín. Dicho grupo mediático "está muy por encima del 35% del mercado y es el que más se excede de todos", aseguró.

Etchevers señaló a su vez que Clarín tiene "siete licencias de radio y cuatro de TV abierta, sólo una más de las permitidas. Otros grupos poseen muchas más".

"Medida con dedicatoria"
Respecto de la operadora de cable de Clarín, Cablevisión, dijo que tiene "158 licencias locales (una por ciudad o pueblo) y la ley pretende que solo pueda tener 24 y por lo tanto llegar sólo a 24 localidades. Mientras tanto, permite a sus competidores directos (DirecTV o las telefónicas) llegar a las 2.200 ciudades del país con una sola licencia. Esta es otra de las razones por las que la ley fue dictada con nombre y apellido contra Clarín, vulnerando los principios de igualdad ante la ley y de libre competencia".

"El objetivo oficial es silenciar las pocas voces independientes que quedan en la Argentina en el mundo audiovisual". Señaló que "más del 80% de las radios y los canales de televisión dependen directa o indirectamente del gobierno, por eso aquí lo que está en juego es la libertad de expresión".