Joffre Campaña: El caso Chucky Seven recién empieza, le quedan 9 años

Joffre Campaña no presentó el viernes pasado el pedido de revocatoria de la decisión del presidente de la Corte del Guayas, Francisco Morales, quien aceptó archivar la denuncia contra el juez Juan Paredes. No lo hizo porque encontró que un día antes de esa resolución, Morales había negado al fiscal Antonio Gagliardo un pedido de archivo de una denuncia contra otro juez alegando que las denuncias eran graves. Su escrito, incluyendo este hecho, lo presentará mañana.

¿Qué lectura le deja la decisión del presidente de la Corte, quien acoge el pedido del fiscal Antonio Gagliardo y archiva la denuncia contra el juez Juan Paredes?
Es un problema de un sistema judicial que obedece a los designios del presidente de la República. Acá tenemos a los (Fernando) Yávar, Gutemberg (Vera), (Juan) Paredes, (Luis) Morán, (Hellen) Mantilla, esta gente son simplemente serviles al poder y como son serviles, no importa quién esté; podía estar (Antonio) Gagliardo o no, no importa, iba a hacer lo mismo, podía estar Morales o no. Toda esta gente sabe que el que se desvía es inmediatamente sancionado y enjuiciado.

¿No es solo el temor a perder el cargo entonces?
Claro, es el temor a la persecución inmediata, al inicio del expediente en el Consejo de la Judicatura. No hay opciones, ellos saben que tienen que ser serviles o deben renunciar e irse.

¿Gagliardo no intentó eso cuando quiso dejar el caso?
Gagliardo nunca quiso dejar el caso, lo que quería es ir a la Corte Constitucional sin levantar olas. Lo que pasa es que cuando se vio forzado a tomar una decisión quiso salirse para no manchar su imagen y allí hubo un juego recíproco, quisieron jugar con él y él jugó con el Gobierno.

¿Y quién ganó?
Al final venció Gagliardo en el sentido de que ya tiene un cargo asegurado (nuevo juez de la Corte Constitucional), pero perdió si tuvo una buena imagen alguna vez.

¿Y qué cree que pasó cuando advertía que mejor lo dejen ir, cuando se excusó, porque su resolución iba a ser histórica?
Creo que él estaba negociando el cargo, era un juego de toma y daca, me confirman o no me confirman.

¿Cree que en la estructura que describe todo se hace a partir de una orden directa o hay algunas cosas que se hacen por iniciativa?
Hay un poco de todo. En el caso de EL UNIVERSO, todos los jueces, toda la Judicatura, todos los fiscales saben que este es un caso del jefe. Entonces, unos actúan con direccionamientos directos. Jaime Martínez (extécnico informático), por ejemplo, cuando recibe la orden de Gutemberg Vera (abogado de Correa) y la estrategia de actuar de tal forma, y luego lo llama Fernando Yávar (vocal de la Judicatura). Entonces, Martínez cumplía. Ese nivel de detalle el jefe no lo conoce, pero sí conoce que a él le interesa sacar un tema en determinada dirección y el resto sabe que tiene que alinearse para complacerlo.

¿Habrá responsabilidades también en el presidente?
Sí, porque él sabía que Paredes no redactó la sentencia. Tanto lo sabía que lo anunció en una entrevista de televisión.

Haciendo un paralelo con el gobierno de Febres-Cordero, allí hubo un sistema en funcionamiento y al cual se le atribuye la muerte de los hermanos Restrepo...
Sí, pero allí hay una gran diferencia: la responsabilidad jurídica versus la política. La responsabilidad política de Febres-Cordero es indudable, pero no se le puede imputar la autoría material ni intelectual. En cambio en este caso, haciendo el paralelo, Correa no solo es el responsable político de lo que pasa, sino que aquí sí hay mecanismos directos: la información privilegiada que tenía, el control de los escenarios donde se hacían las audiencias, eso significaba una enorme presión fáctica sobre jueces y tribunales; era una forma de interferir en la independencia de la justicia y eso sí tiene responsabilidad jurídica, no solo política... Cuando él declara que el juez Paredes redactó solo la última página y que el resto es igual (a la querella presentada) y que le pasaron por medios electrónicos, él reconoce que sabía y que había dado su consentimiento.

¿Pero el presidente sabía lo que ya había dicho uno de sus abogados, Alembert Vera?
Por supuesto, Alembert Vera lo anunció en un plano ingenuo o soberbio, y luego Correa ratifica que, en efecto, Paredes no redactó la sentencia. Es más, usa esa expresión: Pero es que no la redactó, dice textualmente. La pregunta muy clara es: en el Ecuador, hoy, un juez que no redacte una sentencia y que se firme la que le pone uno de los abogados, ¿comete o no un delito? Para el fiscal Gagliardo y para el juez Morales, no.

¿Considera que todas las autoridades cierran filas?
Totalmente, yo me atrevo a pensar que aquí hay un direccionamiento muy claro: todos los que intervinieron a favor de Correa tendrán tarde o temprano su premio. Ya tuvo el premio Paredes, Gagliardo está a punto de ser premiado, no sabemos todavía cuál será el premio de Morales. Morán también fue premiado, Gutemberg Vera ha sido de sobra premiado, Yávar ha sido premiado. Y todos los que de alguna manera estuvieron en contra han sido sancionados: el juez Ayala (quien ordenó la clonación del disco duro), el técnico Jaime Martínez, la secretaria Carmen Suriaga, la presidenta de la Corte, María Leonor Jiménez, todos fueron destituidos... Es evidente que hay una manipulación.

¿La palabra archivo definitivo no implica eso precisamente?
Ellos están buscando que esta investigación no vuelva a abrirse, sin embargo, el Código de Procedimiento Penal es muy claro. Cuando existan nuevas evidencias, nuevos elementos de que se cometió un delito, puede abrirse nuevamente la investigación... Si Gagliardo y compañía piensan que todo esto se acabó, están equivocados, este caso recién empieza.

¿Morales sustenta el cierre del caso en que en el mundo hay miles de Chucky Seven?
El informe pericial determina que el único archivo Chucky Seven de ese disco duro es el de la sentencia. Entonces, no importa que haya miles, ocurre que ese está en la sentencia y es el único en el disco duro. Entonces, cuando usted encuentra todo un conjunto de elementos que confirman irrebatiblemente que la sentencia no se hizo en el juzgado y que el juez no la hizo, usted se pregunta por qué no se sanciona esto.

El fiscal dice que los hechos denunciados no se enmarcan en los delitos de prevaricato y falsedad ideológica, ¿pudo haber determinado de oficio otros aun cuando no se los haya denunciado?
Sin lugar a dudas que sí. Hay un principio que es fundamental en el mundo jurídico: los abogados referimos los hechos; los jueces, el derecho. Yo como abogado puedo alegar diez cosas, pero es el fiscal, el juez quien debe determinar qué es lo que se debe aplicar a un hecho presuntamente delictivo. Por ejemplo, el fiscal jamás investigó si aquí hubo asociación ilícita, jamás investigó si, efectivamente, hubo una oferta de cargos públicos a cambio de una sentencia. Ellos fueron al pie de la letra a tratar de sustentar a toda costa que aquí no existían ni falsedad ideológica ni prevaricato. Y lo hacen de la manera más inverosímil, ellos dicen: No hay prevaricato porque no se ha probado el dolo. Es para decirle, señor Morales, ¿leyó la sentencia contra EL UNIVERSO? ¿Dígame de qué forma se probó el dolo en ese caso?

A nivel internacional, ¿cuál es la expectativa por el caso?
Hay dos aspectos: de una parte la responsabilidad personal de aquellos que intervinieron en el proceso, pero estas personas no actúan por vocación, sino en representación del Estado ecuatoriano dentro del sistema de administración de justicia; entonces, las acciones internacionales son en contra del Estado ecuatoriano, que luego deberá aplicar el derecho de repetición.

¿El expediente y el informe del perito Ferruzola se han adjuntado al proceso que se sigue en la CIDH?
No todavía, porque era necesario esperar a que concluya la indagación previa, pero sí será enviado el expediente a la CIDH.

¿En la CIDH el proceso que sigue la defensa del Diario se convierte en uno solo, juntando lo del juicio y la indagación al juez?
Exactamente. En el caso de la Comisión, el objetivo es demostrar con claridad que la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia, cuando rechazó los recursos de casación, es una sentencia que viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como un elemento o factor que ayuda a la configuración de esa violación se enmarca el acto de corrupción que he citado.