La Asamblea ha aprobado en segundo debate el proyecto de ley que amplía las garantías para el ejercicio de sus derechos a las personas con algún tipo de discapacidad. Además de ser justo, esto es una prueba de que cuando prima la idea de servicio a la comunidad, el consenso es posible. Es una buena noticia.
Pero hay otra que no lo es. En el proyecto de nuevo Código Orgánico Penal Integral, que se debate en la Asamblea, se eliminan en sus Resoluciones Derogatorias 40, 54 y 55 la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, denominada también Ley 103, y su Reglamento. Con esto se derogan, además, las medidas de amparo que aún en forma preventiva pueden otorgarse de manera inmediata cuando exista el temor fundado de ser víctima de la violencia doméstica.
El último informe del INEC deja claro que la violencia contra la mujer es un grave problema social y, por tanto, debe ser tratado de forma específica, acorde con nuestra Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Ecuador.
