EFE
GINEBRA, Suiza.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció hoy las "graves violaciones" de los derechos humanos que tienen lugar en Bielorrusia desde finales de 2010 y alertó de su "carácter sistémico".

Pillay presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre Bielorrusia, en el que recordó que tras las elecciones presidenciales del 19 de diciembre de 2010 "se produjo un importante deterioro de la situación de los derechos" en el país.

La alta comisionada criticó que el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, considerado por la oposición el último dictador de Europa, respondiera a una manifestación "mayoritariamente pacífica" contra el desarrollo del proceso electoral con una "represión en masa" de los opositores políticos.

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"Después de las elecciones la situación de los derechos humanos se ha seguido deteriorando", lamentó Pillay.

Agregó que "el 19 de diciembre y con posterioridad a esa fecha se ejecutaron una serie de medidas claramente encaminadas a limitar los derechos de asociación, de reunión y de expresión, así como el derecho a un juicio imparcial".

La alta comisionada aseguró que las denuncias sobre torturas y malos tratos durante la detención "persisten a día de hoy", al igual que las quejas por la violación de las garantías procesales.

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Según las cifras aportadas por Pillay, "el día de las elecciones o poco después fueron detenidas 600 personas y fueron condenados 43 dirigentes de la oposición, activistas y periodistas, incluidos cinco de los nueve candidatos opositores" a la presidencia del país.

Pese a que en agosto y septiembre de 2011 se puso en libertad a varias de estas personas encarceladas, la alta comisionada denunció que las enmiendas introducidas en varias leyes "han limitado aún más los derechos civiles y políticos".

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"Esta situación indica el carácter sistémico de los problemas existentes en la esfera de los derechos humanos de Bielorrusia", expuso en su informe.

El documento elaborado por la alta comisionada recomendó al Gobierno de Bielorrusia la creación de una institución nacional de derechos humanos, ya que a su juicio la carencia de este mecanismo "agrava la situación e impide lograr progresos".

Asimismo, reclamó la puesta en libertad "sin demora e incondicionalmente" de los opositores, activistas políticos y periodistas que todavía permanecen encarcelados y solicitó investigaciones que aclaren las circunstancias de estas detenciones.

Pillay también instó al Gobierno bielorruso a poner fin "de inmediato" a las formas de presión contra periodistas y a eliminar la censura y la autocensura en los medios de comunicación.

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Finalmente, llamó al Gobierno bielorruso a autorizar la visita de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas al país para entrevistarse con autoridades y representantes de la sociedad civil, ya que, tal y como recordó Pillay, hasta el momento "no se ha permitido el acceso de la alta comisionada a Bielorrusia".