La Constitución vigente desde el 2008 garantiza los derechos al buen vivir, pero estos en la práctica se cumplen a medias, señala Olindo Nastacuaz, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).
“Una cosa es hablar en la ciudad. El Gobierno dice: sí estamos cumpliendo. Se está dando la prioridad, respetando los derechos de los pueblos indígenas, consultando; pero no es así en la práctica. Es puro discurso más bien político, desde arriba. En donde viven los pueblos no es lo mismo”, expresa Nastacuaz.
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El dirigente, de nacionalidad awá, opina que el mismo Gobierno vulnera los derechos de los pueblos ancestrales con resoluciones y decretos, como el permitir la minería a gran escala, que contamina sus aguas naturales y sus territorios.
La falta de control del Estado sobre la explotación minera (en especial de oro y plata) y maderera, que es recurrente en zonas selváticas del norte del país, es otro motivo de cuestionamiento por parte de los dirigentes de la zona.
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“En territorios chachis no hay minería de gran escala, pero hay minería ilegal, que hace rato está ahí. Y se lo ha dicho. Y ahí, ¿en dónde están las autoridades, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente?”, cuestiona el dirigente.
En parroquias rurales del norte de Esmeraldas, sus habitantes, en cambio, temen denunciar a quienes explotan los recursos naturales por temor a represalias, como asesinatos.
En algunas comunidades rurales de la Costa se han cerrado las extensiones educativas públicas para los adultos que no terminaron el colegio. Así lo denuncian habitantes de Timbiré, una parroquia rural del cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas.
“Aquí la gente vive relegada porque nadie quiere invertir en nuestros estudios. Yo tengo que pagar $ 10 para ir a estudiar a un colegio privado, en Colón Eloy María (otra parroquia rural que está a unos 20 minutos en carro)”, cuenta Magdalena Rentería, de 37 años, quien cursa el segundo año de bachillerato.
La mayoría de sus excompañeras dejó los estudios por no tener dinero para cancelar el colegio particular y porque el sitio les “queda distante”.
En Timbiré hay una sola escuela para 270 niños. Varios moradores relatan que al centro lo remodelaron y les dijeron que iba a ser “escuela del milenio”. A la reinauguración fue el presidente de la República, Rafael Correa, quien vio bancas nuevas, libreros, computadoras y hasta refrigeradoras. Pero horas después de que el mandatario abandonó el lugar, el equipamiento también se fue, señala Rentería.
Los alejados poblados de la Costa no cuentan con energía eléctrica, red de agua potable, alcantarillado pluvial ni sanitario. Tampoco con vías que faciliten el ingreso de buses para el transporte público.