97.484 ecuatorianos indocumentados perderán la cobertura sanitaria integral en España

PATRICIA VILLARRUEL
MADRID.- El carecer de documentación en regla no impedirá que, en octubre, cuando la cuencana María Ester Rivera dé a luz a su primogénito reciba atención gratuita en cualquier hospital público en España. Los últimos recortes aprobados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en materia sanitaria no afectan a la asistencia del embarazo, parto y postparto, a la atención de los extranjeros menores de 18 años y a las urgencias por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta recibir el alta médica. La limitación para el resto de casos entrará en vigor el 1 de septiembre.

Para los 'sin papeles', unos 500.000, supone el fin de la cobertura sanitaria integral de la que ahora disfrutan. El número de ecuatorianos sin permiso de residencia afectados asciende a 97.484. La cifra procede del cruce de datos entre los resultados del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 (constan 403.864 connacionales) y el balance oficial de extranjeros con autorización cerrado a 31 de diciembre de 2011 (306.380 compatriotas).

La publicación el día de hoy de las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) coincide con el debate de los presupuestos generales, los más austeros de la democracia, que incluyen un ajuste de 27.300 millones de euros. El título del Real Decreto deja claro que la iniciativa forma parte de un conjunto de acciones urgentes que buscan garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El ahorro previsto alcanza los 7.000 millones.

Uno de los colectivos más afectados: el de los inmigrantes. Hasta la Ley de Extranjería se modificará en su artículo doce que regula el derecho a la asistencia en materia de salud. Ya no bastará solo con empadronarse para acceder a la tarjeta sanitaria. Para obtenerla habrá que residir legalmente y cumplir con las obligaciones tributarias.

Para Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, "esto aumenta la vulnerabilidad de miles inmigrantes que viven, por carecer de papeles, en situación muy precaria". Desde su óptica, los recortes "favorecerán la saturación de las urgencias y pondrán en peligro la salud de las personas porque muchos empezarán a automedicarse o traerán medicamentos de sus países de origen que pueden ser contraindicados".

La Embajada de Ecuador en España remitió una carta al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García - Margallo, manifestando su preocupación por el colectivo de personas que han caído en una situación de irregularidad sobrevenida.  Es decir, que perdieron el trabajo por la crisis económica, no pudieron renovar sus permisos de residencia y ahora están ilegales.

Según un informe del Tribunal de Cuentas fechado el 29 de marzo pasado que ayer hizo público el portal El Confidencial, a un total de 453.349 inmigrantes "sin recursos económicos suficientes" se les reconoció, a fecha 15 de junio de 2010, el derecho a la asistencia sanitaria. España no recibe dinero de sus países de origen para afrontar los costes de su atención pero destina a ello 451 millones de euros por año. Los colectivos que más demandaron el servicio: rumanos (174.614), ecuatorianos (83.911) y marroquíes (67.277). La investigación señala que muchos de estos ciudadanos han incorporado en su tarjeta sanitaria a otros miembros de su familia que no residen en el país europeo pero que se trasladaban a él para recibir atención médica. Esto, resalta el Tribunal, supone un "perjuicio económico cierto y evaluable para los intereses públicos".