QUITO
.- Un total de 114 personas se postularon para participar de los concursos de méritos y oposición para ocupar los cargos de Contralor del Estado y Defensor Público, así como el de vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La medianoche del viernes pasado culminó la etapa de inscripciones.
Publicidad
El concurso para elegir al Defensor Público fue el que registró la menor cantidad de aspirantes, pues hubo solo ocho interesados que dejaron su carpeta, de acuerdo con la información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC). Entre ellos, Ernesto Pazmiño, quien ocupa este cargo desde el 2007.
En tanto, los aspirantes a ocupar el principal despacho de la Contraloría General del Estado fueron 49. Entre ellos constan como aspirantes el actual contralor Carlos Pólit Faggioni y Douglas Torres Feraud, este último forma parte de un equipo de seis personas que brindan asesoría jurídica al fiscal general, Galo Chiriboga, quien también se ha desempeñado como ministro del actual régimen.
Publicidad
En la recepción de las oficinas del Consejo de Participación, Torres Feraud destacó su experiencia como funcionario de importantes organismos de control, como la Superintendencia de Bancos y Seguros, y la Contraloría.
Por el contrario, Carlos Pólit acudió el jueves pasado a primera hora, con el fin de evitar el ser visto o entrevistado por los medios de comunicación, afirmaron personas allegadas al funcionario.
Pólit, exhombre de confianza y exfuncionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, está al frente de la Contraloría desde el 2007 por decisión del presidente de la República, Rafael Correa.
El actual mandatario lo incluyó en una terna que envió al Congreso de ese entonces y que, tras el trámite respectivo, lo posesionó en el cargo.
Durante la administración de Lucio Gutiérrez (2003-2005), Carlos Pólit ocupó puestos de decisión en Carondelet y en el gabinete. Fue secretario general de la Presidencia de la República, ministro de Bienestar Social y también gobernador del Guayas.
Sin embargo, los militantes de Sociedad Patriótica lo ven ahora como un funcionario muy cercano al presidente Rafael Correa.
Las comisiones ciudadanas de selección (CCS), que se encargarán de la designación de las nuevas autoridades, tienen un plazo de ocho días para revisar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y emitir un informe.
Si los postulantes se sienten perjudicados, tendrán un nuevo plazo de dos días para solicitar la reconsideración de sus carpetas.