REUTERS
MADRID.- El juez Baltasar Garzón, conocido por sus investigaciones en casos de derechos humanos, compareció el martes pasado ante un tribunal español por su polémica decisión de investigar 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de derecha del general Francisco Franco.
Cerca de 200 personas, entre ellos familiares de víctimas del franquismo y otros jueces españoles, se reunieron en las afueras de la Corte Suprema para protestar contra el proceso, al que consideran como un intento de negar justicia por "crímenes de lesa humanidad".
Publicidad
Observadores internacionales de grupos de derechos humanos y asociaciones de justicia asistieron al tribunal para seguir de cerca el procedimiento. Garzón se sentó al lado de su abogado vistiendo su vestimenta oficial de juez.
Los cargos en contra de Garzón fueron presentados por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que consideran que el juez se excedió en sus competencias y sobrepasó la Ley de Amnistía de 1977 cuando en el 2008 abrió el caso contra el régimen franquista, que gobernó desde 1939 hasta 1975.
Publicidad
"Esto (el juicio) muestra la total impunidad de los crímenes del franquismo", dijo en las afueras del tribunal Marco González, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
"No es sólo Garzón el que está siendo juzgado hoy, sino el derecho (...) del pueblo a buscar a sus seres queridos desaparecidos para que haya algo de justicia, verdad y reparación", agregó.
Garzón, de 56 años, ha llevado a cabo elogiadas investigaciones sobre el grupo separatista ETA y denuncias sobre abusos de los derechos humanos en Sudamérica, pero generó cierto malestar en su país al decidir revisar la dictadura, un oscuro período de la historia española.
El juez enfrenta tres juicios -presentados por actores privados y no por el Estado- ligados a sus investigaciones sobre abusos de los derechos humanos, corrupción y otros delitos.
Uno de los casos, relacionado con acusaciones por escuchas ilegales a algunos involucrados y sus abogados, llegó a la corte la semana pasada y aún está pendiente su veredicto.
De ser condenado en alguno de estos juicios, Garzón quedaría inhabilitado para ejercer su profesión por hasta 20 años.
Expertos legales internacionales han salido en defensa del juez, que se hizo conocido cuando en 1998 ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres.
"¿Cómo puede ser que en este país, que está lleno de fosas comunes por doquier, a nadie le preocupe eso?", sostuvo Hugo Relva, consejero jurídico del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, en una conversación con Reuters. "Aquí el Estado se lava las manos", agregó.