Dahik: 'Abdalá también puede pedir el cambio de medidas cautelares'

Luego de 16 años en el exilio y aun cuando la justicia ahora dice que su proceso penal es nulo, el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, ve más probable seguir su vida en Costa Rica, donde fue a dar luego de ser acusado de mal manejo de gastos reservados (1992-1995) y no en Ecuador. Afirma que no lo trajo al país el actual mandatario Rafael Correa y que su caso es aplicable también para el expresidente Abdalá Bucaram.

¿Qué tan factible es que se anule el fallo del juez Hernán Ulloa dictado a su favor, tal y como lo pide el fiscal general, Galo Chiriboga?
Esa es una decisión del juez. Tengo entendido que el fiscal lo que ha pedido es una revocatoria del auto. Y en opinión de juristas el auto de nulidad es inapelable.

El ex fiscal general, Fernando Casares, asegura que la sentencia es extemporánea porque había concluido la etapa de prueba.
La nulidad puede ser declarada en cualquier momento de un proceso.

Usted dijo que su honor ya estaba lavado con la nulidad ¿pero no era mejor que el proceso hubiera determinado su inocencia?
Recordemos tres cosas. Las actas de la Contraloría de 1995 dicen que todas las cuentas están en orden. En segundo lugar, hay un informe pericial donde no hay demostración de un solo cheque girado a mi favor. Y en tercer lugar, cuando por iniciativa propia tratamos en la Asamblea de Montecristi de ver si era posible una amnistía, la Asamblea pidió un informe a la actual Contraloría General del Estado y el 7 de mayo del 2008 dice que no se han determinado presunciones o indicios de responsabilidad penal en contra de Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo (fueron sus asesores y acusados también por peculado).

¿Es mejor que el proceso se declare nulo antes que se demuestre su inocencia?
Para el país es fundamental que se reconozca la nulidad de este juicio, porque no se puede permitir que una barbarie jurídica así pueda ocurrir, porque se le da la posibilidad al presidente de la Corte de Justicia de tumbar a cualquier presidente.

Usted alegó que el proceso era nulo por no tener la autorización del Congreso para su juzgamiento, pero la Constitución de ese entonces (1979) e incluso Hernán Ulloa, en el 2003 abogado de León Febres-Cordero, decía que no se requería ese permiso...
Claro que lo dice, por eso anula.

Pero lo dice ahora. En el 2003 Ulloa decía que ese permiso solo se requería para casos cuando el presidente o el vicepresidente cometieran delitos de cohecho o traición a la patria y usted fue procesado por peculado.
Nunca en la historia del Ecuador se ha juzgado a un mandatario sin la autorización del Congreso.

¿No cree que quedará la duda sobre el uso que usted dio a los gastos reservados?
Cómo puede haber duda si hay todos los informes de Contraloría que dicen que no existe un solo indicio de responsabilidad penal.

Le pregunto porque la ley no permite saber en qué se utilizaron esos gastos.
Y dígame usted qué mandatario en 200 años de historia ha enseñado cuáles eran los gastos reservados. Por algo hay una ley que establece que es el contralor quien los revisa. Usted no puede estar diciendo cosas (como) compra de información en una guerra, documentos... una serie de cosas. No las puede decir.

¿Se atrevería a decir en qué se gastaron esos fondos?
Estoy absolutamente prohibido por la ley.

¿Por qué no se manejó el dinero en cuentas del Banco Central?
Los gastos reservados tenían tres fuentes: Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Gobierno. Cuando había gastos secretos difíciles, sacábamos en partes iguales de las tres cuentas para que el contralor comprobara que era la verdad y cuando eran asuntos de la Vicepresidencia yo los puse en una cuenta. Es decir por transparencia.

¿Por qué cree que el presidente pidió su amnistía?
Cuando él era profesor universitario y esto sucedió, a sus alumnos les dijo desde hace 16 años que yo era un perseguido político y un hombre honesto, de tal manera que creo que ha tenido coherencia con lo que siempre ha pensado.

Será también gratitud porque usted lo colocó en un cargo público.
Yo no nombré al actual presidente en ningún cargo público, él fue nombrado por un organismo, una unidad ejecutora del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Ministerio de Educación a través de un concurso. Lo que sucedió es que él encontró anomalías en dicha unidad, las denunció y no recibió respuesta. Entonces buscó en la Vicepresidencia un apoyo a esas denuncias, que eran ciertas. Eso le produjo un juicio que según sé, lo ganó.

Para su venida, ¿hubo un acuerdo político?
Es falso. No hubo pacto político para otras personas que vinieron y se sometieron a los mismos cambios de medidas cautelares.

Usted que ha vivido en el exilio, ¿piensa que el caso de Abdalá Bucaram merece su mismo trato?
No hay duda que lo de él también fue un golpe de Estado. Él (Bucaram Ortiz) puede hacer uso de los mismos mecanismos que yo usé, que pida el cambio de medidas cautelares.

Quizá usted no encuentra un panorama político adverso, pero el caso de Bucaram es distinto, y si viene sería candidato.
No sé qué panorama político adversario. Lo que puedo garantizar es que yo no vine porque el presidente de la República me trajo. Yo vine porque, viendo casos concretos y estudiando los cambios de la ley, entendí y me convencí de que el cambio de las medidas cautelares era posible.

Hace un año usted dijo que manejaba una empresa de aviación en Costa Rica.
Soy empleado y administro aviones ejecutivos, sí.

Le recordaba eso porque quizá le es más favorable seguir allá, aun cuando ya puede quedarse en Ecuador.
Es muy difícil para mí. Este es mi país, yo quiero vivir aquí, pero tengo una familia que ha hecho su vida allá. Tengo que discutirlo con mi esposa y mis hijos. Tengo nietos.

¿Se irá pronto a Costa Rica?
Sí, fundamentalmente porque tengo obligaciones de trabajo.

¿Cómo evitar que su caso vuelva a ocurrir?
Creo que esa es una gran virtud del auto (fallo del juez Ulloa), establecer que son responsables quienes violando los principios constitucionales producen juicios que tienen alto costo en la sociedad porque el dar prácticamente un golpe de Estado al Gobierno generó una época de gran inestabilidad.

Es una recomendación que puede acoger la Corte Nacional recién elegida.
Deberán cuidarse mucho de hacer cosas similares. No se puede volver a politizar la justicia en este país.