Aunque considera que existen argumentos jurídicos para que EL UNIVERSO salga librado de una condena, el abogado Rafael Oyarte –quien formó parte de la defensa de la revista Vistazo, que obtuvo un fallo favorable del Tribunal Contencioso Electoral– ve señales de que en esta tercera instancia también se cometan irregularidades.

¿Qué se puede esperar de la audiencia?

Si la Segunda Sala aplicara el derecho estrictamente no debería haber problema para EL UNIVERSO. Primero, porque se estaría aplicando una norma relativa al desacato, contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución... Dos: Si es que se aplicara el proceso correctamente y sin ninguna desviación, resulta imposible hacer responsable a terceros por una expresión de otro; es como que los ministros sean responsables por los dichos del presidente de la República, y en este caso peor aún trasladar la responsabilidad de una persona física a una jurídica...

Usted habla de violaciones al debido proceso.

Una sentencia elaborada de manera extraordinariamente veloz por un juez de primer nivel, una audiencia realizada en el segundo nivel en la Corte Provincial cuando había jueces recusados y es la razón por la cual Emilio Palacio no comparece. En una casación correctamente llevada no debería haber mayores complejidades. Tampoco el tema de la desproporcionada indemnización de 40 millones de dólares, cifra innombrable porque ni por violación de derechos humanos como la vida se ha pagado en Ecuador más de 1 millón de dólares por víctima; no podemos comparar la vida de una persona con 40 millones de dólares la honra del jefe de Estado, salvo que se pretenda en Ecuador que la honra presidencial vale cuarenta vidas humanas.

¿Por qué el pesimismo?

Las carreras a las que andan los magistrados hacen dudar, se habla de que este caso debe ser resuelto porque así lo pide la ciudadanía, si es así, las cosas no deben ser resueltas por los tribunales sino en un circo romano o en una consulta popular. Si se trata de clamor ciudadano, la Segunda Sala tiene casos en los cuales ese clamor le llamaba a resolver con mucha más prontitud y más prolijidad que este caso, que es el de Filanbanco, donde se perjudicó al Estado y a millones de ciudadanos, cuando Palacio dice lo que dice, más allá de que sea o no injurioso, ¿a quién está afectando? a una persona que se presenta no como autoridad sino como simple ciudadano.

¿Qué sería lo correcto?

Si se obra como debe ocurrir, que se dicte una sentencia ejemplar no solo en materia de respeto a la libertad de expresión, sino de respeto al derecho, de que de una buena vez se indique que esas normas de vilipendio son contrarias no solo al orden constitucional sino al orden internacional de DD.HH., que no se pueden establecer sanciones desproporcionadas ni indemnizaciones que no resarcen el daño sino que enriquecen a las personas... Confundir lucro cesante con daño emergente y daño moral eso debería ser corregido, es un error de derecho imperdonable.... pero dejan ver es que la cosa no va a salir bien para el Diario y eso le causará un gran perjuicio al Estado, porque se irá a sede internacional donde las cosas se podrán corregir, donde a los jueces no se les podrá decir en una sabatina que son tal o cual cosa y por tanto, sentir temor de cómo fallar. El Estado será quien pague indemnizaciones, y luego la repetición contra los jueces.