Gritos de protesta, llanto y desesperación se observaron ayer afuera de las instalaciones de Cementos Guapán, ubicadas en Azogues, capital de la provincia de Cañar, tras el despido de 142 empleados.
La noticia de la separación de la empresa fue recibida por los trabajadores aproximadamente a las 07:00, cuando llegaron a cumplir sus labores. En la pared junto a la puerta de ingreso una hoja informativa daba a conocer los nombres de quienes fueron separados de sus puestos.
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“Cuando llegué a trabajar, en la vía de ingreso a la fábrica me detuvo un grupo de militares que me requisaron; luego me dijeron que avance a la planta y que allí me explicarían lo que pasa. Cuando llegué, unos policías me pidieron la cédula y con una lista en la mano me indicaron que estaba despedido”, contó Ángel Sucozhañay, quien hace veinte años prestaba sus servicios en la empresa.
Después de conocer el hecho, los extrabajadores y sus familiares se ubicaron en la vía de acceso para rechazar la medida y exigir a los directivos una explicación sobre los despidos.
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El despacho del cemento se paralizó debido a que decenas de volquetas vacías y sin carga no podían ingresar, no así la producción, porque los obreros que no fueron despedidos continuaban laborando.
Según vecinos del sector, la fábrica donde hasta el jueves laboraban 239 empleados se encontraba con resguardo policial y militar desde la madrugada del viernes. “No sabíamos qué pasaba, pensamos que iban a cerrar Guapán”, comentó una persona que prefirió no identificarse.
Édison Medrano, miembro de la Policía Nacional, informó que la presencia de los uniformados, que acordonaron el lugar e impidieron el ingreso a particulares, se realizó por “órdenes superiores” para mantener la calma. “Nos quedaremos aquí hasta que se disponga lo contrario”, agregó.
Entre los obreros despedidos se encontraba Paúl Sacoto, secretario general del Sindicato de Trabajadores, quien denunció un posible nepotismo en la empresa, pues aseguró que “gran parte de quienes aún laboran en la cementera son familiares de los directivos”.
En medio de gritos que reclamaban “justicia” al presidente Rafael Correa, Priscila Romero, esposa de uno de los obreros despedidos, pidió sensibilidad para las familias de los extrabajadores, pues sin los ingresos que percibían de Guapán estas perderán el sustento.
“Nuestros maridos son hombres trabajadores, que defienden sus hogares. Señor presidente, por favor, demuestre que trabaja por los pobres y revea esta situación”, dijo una de las esposas.
Hasta el cierre de esta edición, los directivos de Cementos Guapán no dieron declaraciones. Fuentes extraoficiales informaron que el lunes próximo los ejecutivos informarán los detalles de lo sucedido con los empleados de la cementera.
Los principales accionistas de Cemento Guapán son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Esta empresa cubre cerca del 12% de la demanda del país.