En un intento por frenar el proceso de evaluación para los 5.000 servidores judiciales del país, ayer un grupo de servidores presentó acciones de protección, con medida cautelar incluida, que comprendería la suspensión automática de las pruebas psicológicas, previstas para este sábado.
Para evitar la eventual sanción a los jueces que acepten estos recursos, los escritos fueron interpuestos en varias ciudades de la región Amazónica y de la provincia de Pichincha.
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La presentación de los recursos se fundamenta en la inconformidad por las evaluaciones y la supuesta falta de transparencia en el reglamento que rige el proceso, en el que también se incluirán a los servidores de la Fiscalía.
La acción está dirigida en contra del reglamento de evaluación expedido por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), sobre el que se pide la suspensión por violación del derecho al trabajo.
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La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su capítulo de las acciones de protección, permite la suspensión del acto administrativo de la persona que actuó en contra del interés público.
En Pichincha, el recurso fue planteado por el presidente de la Asociación de Judiciales, Carlos Ayala, en compañía de representantes de organizaciones de servidores públicos y del gremio de médicos.
A más del derecho al trabajo, reconocido en la Constitución, el proceso de evaluación, a cargo del CJT, incumple el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según Ayala.
Anticipándose a la evaluación, alrededor de 400 judiciales, a nivel nacional, se acogieron a la disposición de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que les permite presentar una renuncia voluntaria a cambio de indemnización.
Al respecto aún no hay una cifra consolidada pero podría ser conocida hoy, dijo la vocal del CJT, Tania Arias.
El plazo para presentar por escrito el pedido de retirarse de la Función Judicial venció la noche del pasado lunes.
Inicialmente la intención de renunciar habría superado los 1.700 servidores judiciales, pero disminuyó debido a la falta de claridad en el tema de la disponibilidad presupuestaria para el pago de las indemnizaciones.