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Sorpresa y desazón por renuncias forzadas en el sector público

La mayoría de notificaciones de renuncias se entregaron con resguardo policial.

LOJA. Funcionarios de carrera de la Gobernación de Loja recibieron con sorpresa las notificaciones. Foto: redaccion

QUITO
.- Las notificaciones para comprar las renuncias obligatorias con indemnización de alrededor de 3.500 trabajadores del sector público empezaron a llegar ayer sorpresivamente y con resguardo policial a los ministerios de Salud, Relaciones Laborales, Recursos no Renovables, de Justicia y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco Ecuatoriano de la Vivienda y hospitales estatales.

A 150 trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales les comunicaron que dejaron de prestar sus servicios. Uno de ellos dijo que recibirá $ 40.000 por 30 años de labores.

Mariana Mora, con cerca de 18 años como guía penitenciaria fue parte de las cerca de 20 personas que hasta el mediodía de ayer recibieron la notificación de estar fuera de la institución. No firmó ningún documento con la consigna de que un abogado la represente.

En los pasillos, por las distintas unidades médicas y hasta en sus oficinas buscaban a médicos y a enfermeras ayer los delegados del Ministerio de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos del Hospital Baca Ortiz. La intención era entregar las acciones de personal en las que se comunicaba al personal sus despidos.

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Gritos, llantos y desesperación se escuchaban en este hospital cuando se anunciaron los despidos sin previo aviso. Esta decisión asustó a los pacientes y al propio personal de este hospital. Los medios fueron impedidos de ingresar por disposición de la directora médica, Alexandra Rosero.

Uno de los especialistas que recibió la notificación de despido fue el médico genetista Milton Jijón, con 33 años de servicio a esta institución. Fue el investigador principal de la Misión Solidaria Manuela Espejo. "Hacia el mediodía me llevaron a Recursos Humanos y me entregaron unos documentos en donde me dicen que estoy despedido y yo me negué a firmar. Me quisieron obligar a firmar la acción de personal, un policía del GIR me apuntó con su arma. Yo saqué el celular y tomé una foto porque me parecía inaudito".

Las notificaciones también se extendieron para la médica Norma Moncayo, inmunóloga y alergóloga. También para la enfermera Patricia Unda. El proceso de despido continuará el lunes. "Esto no ha pasado ni en las peores dictaduras militares, es una actitud criminal", dijo el médico que no salía del asombro.

La misma situación se vivió en la planta central del Ministerio de Salud, los hospitales Pablo Arturo Suárez y en el Eugenio Espejo, adonde llegaron policías para custodiar a quienes notificaban.

Según un médico que prefirió la reserva del nombre, nadie les explicó porqué les exigían renunciar. "Solo nos han dicho que es por la aplicación del Decreto Nº 813".

Alberto Narváez, vicepresidente del Colegio Médico de Pichincha, no descarta iniciar demandas internacionales por la violación del derecho al trabajo. Él estima que solo del Ministerio de Salud saldrán 1.500 funcionarios de todo el país.

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En una de las sucursales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), ubicada en la calle Toledo y Lérida (norte de la ciudad), se suspendió la atención hasta el próximo lunes y unos 8 policías con cascos y escudos se apostaron en la puerta de entrada antes de las 09:30. Uno de ellos manifestó que era para evitar inconvenientes. Las acciones de personal empezaron a entregarse pasadas las 15:00.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, señaló hace dos semanas que desde este mes arrancó la compra de renuncias en el sector público. Dijo que se priorizará la salida voluntaria de personas que quieran jubilarse. "Van a ser más de 4 mil personas solo por concepto de jubilación" y 3.000 por compra de renuncias. Este año se destinarán más de $ 140 millones para ambos procesos de empleados estatales.

Fase de demanda

La Corte Constitucional (CC) calificó la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 813.

El Ejecutivo deberá presentar su alegatos, explicó Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, quien apeló la decisión del régimen.

Decisión del Ejecutivo

El Decreto reforma varios puntos del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, que entró al Registro Oficial 294 del 6 de octubre del 2010.

La Asamblea Nacional aprobó dicha ley la víspera del 30-S, cuando hubo una revuelta.

Renuncias

Manabí
De imprevisto arribó el aviso
Un total de 170 empleados del hospital Verdi Cevallos Balda, de Portoviejo, y del Instituto de Control de Sanitario de esta ciudad manabita fueron notificados ayer con su renuncia.

Entre ellos constan trabajadores con más de 15 años de carrera. Los removidos son tanto del área administrativa como de la hospitalaria.

El director del hospital Verdi Cevallos, Leonardo García, indicó que "la notificación llegó de un momento a otro" y que él no sabía del tema.

Teresa Chávez denunció que se está obligando a la gente a firmar un documento.

Esmeraldas
Crisis afectó a enfermera
Decenas de trabajadores de la Dirección Provincial de Salud, del hospital Delfina Torres de Concha, los centros de rehabilitación social, la Gobernación y otras entidades públicas fueron avisados de que debían firmar sus renuncias voluntarias.

La notificación fue liderada por personal del Ministerio de Relaciones Laborales y la Policía.

Este Diario conoció que solo en Salud debían ser informadas 45 personas, de las cuales solo 40 recibieron el documento.

Una de las enfermeras del hospital en Esmeraldas sufrió una crisis al recibir la noticia y tuvo que recibir atención médica.

Sucumbíos
Incertidumbre por la atención
Alrededor de 38 trabajadores del hospital Dr. Marco Vinicio Iza y la Dirección de Salud de Sucumbíos fueron avisados ayer de su salida, entre médicos y personal administrativo.

Sentimientos de tristeza, desolación y rabia se mezclaban entre los removidos. "Nos dijeron que tenemos que venir a hacer las actas de entrega de los materiales y equipos que manejamos", dijo el galeno Milton Barreno, quien trabaja hace más de 20 años en el hospital.

Otros empleados expresaron su preocupación por la atención médica de los próximos días, pues ese centro de salud, por ejemplo, ya carece del personal suficiente para la demanda.

El Oro
Se anuncian movilizaciones
Unos 30 profesionales del hospital Teófilo Dávila, de Machala, fueron notificados ayer con la compra de renuncias. Lo mismo ocurrió con funcionarios de la Dirección de Salud.

Los removidos anunciaron que realizarán una protesta. La tarde de ayer se reunieron en este centro de salud, que permaneció custodiado por la fuerza pública, para coordinar acciones.

Los médicos rechazaron la medida y expresaron su preocupación por el futuro de la atención al público, pero delegados del Ministerio de Relaciones Laborales y del Ministerio de Salud Pública entregaron el documento respectivo y les dijeron que debían cumplirlo.

Redacción
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